IGUAZÚ. El pasado 10 de diciembre y durante la sesión preparatoria del Concejo Deliberante, la comisión de poderes integrada por los ediles Humberto Rossini, Lucio Schreiner, y Cecilia Mayol negaron al reelecto concejal Salvador “Pily” Morel, la posibilidad de ocupar la banca por otros cuatro años. Al menos dos integrantes de dicha comisión, también durante 2013, formaron parte de una comisión investigadora encargada de hurgar la supuesta moral sobreviniente del edil cuestionado; los plazos se vencieron y la comisión se disolvió sin emitir un dictamen o expresar un resultado de la investigación que dicen haber llevado adelante.
Luego de las obvias justificaciones, la resolución expresa: Artículo 1°: NO HACER LUGAR por improcedente a lo solicitado por el Sr. Salvador Benicio Morel bajo Expediente 139/13 Letra “C”, en cuanto a que lo manifestado en la nota de referencia, no constituye una opción de acuerdo a los que dispuso la Comisión de Poderes sobre optar en el plazo de 10 días por el Cargo de Concejal o seguir cumpliendo funciones como Empleado Público de la Provincia, todo de conformidad a las normas vigentes.
Por otra parte este lunes el Comité provincial de la Unión Cívica Radical, presentó una nota solicitando al presidente y los concejales, dejen sin efecto “el inconstitucional, ilegal, arbitrario e irremediablemente discriminatorio encuadre de incompatibilidad en los términos del artículo 50, inciso a) de la Carta Orgánica de Puerto Iguazú respecto a la incorporación al Cuerpo del concejal electo Salvador B. Morel, habida cuenta que tal decisión es insanablemente nula por vulnerar groseramente el artículo1-1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, asimismo, los artículos 75, inciso 22 y 37, entre otros de la Constitución Nacional y 1 de la Carta Orgánica local, en tanto no se le permite, ejercer libre y plenamente el mandato de concejal otorgado por la ciudadanía, bajo el absurdo pretexto de una supuesta incompatibilidad con un empleo público, sino además por ser un empleado de estricto carácter técnico profesional y por lo tanto expresamente exceptuado por el orden constitucional local como causal de conflicto funcional o de interés con el mencionado mandato de representación política”.
Más adelante el escrito señala que “por otra parte, como le consta al Concejo deliberante, la inexistente infundada y amañada incompatibilidad no tiene precedentes que, como también es público y notorio, su anterior mandato como concejal por el período 2009/2013 finalizado el 9 de diciembre pasado, transcurrió sin que tal supuesta incompatibilidad hubiera sido acreditada. Es decir, si pudo ejercer un mandato completo de cuatro años en las mismas funciones y en el mismo cuerpo, no advertimos cual es el hecho nuevo que haría que tal situación ahora fuera distinta a la anterior y le impidiera tal ejercicio.
De no resolverse de inmediato la cuestión de marras permitiéndole al concejal Morel asumir plena y libremente sus funciones, nos reservamos el derecho de ocurrir a todas las instancias nacionales e internacionales, a efectos de denunciar la inconstitucional, ilegal y arbitraria discriminación política de de la que resulta víctima, aplicando el Concejo una supuesta incompatibilidad con el art. 50 al Concejal Morel y que por otro lado no se aplica la misma norma a otros concejales, estos del oficialismo, que sí se encuentran en incursos en las incompatibilidades previstas en el mencionado artículo de la Carta Orgánica Municipal, sobre los que el Concejo no ha formulado reparo alguno, constituyendo así el caso planteado en un claro acto persecutorio y discriminatorio”, finaliza la nota rubricada por el Diputado Nacional Luis Pastori, el Presidente del bloque de Diputados provinciales de la UCR, Walter Molina; y el Presidente del Comité central provincial de ese partido, Hernán Damiani.
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