La decisión se instituyó como un aviso al Gobierno provincial, en tanto algunos dijeron que si es necesario quemar las topadoras para que los escuchen, están dispuestos a llevar la acción adelante. 

Los engaños de los empresarios, encubrimientos del Gobierno, divisiones de las comunidades, y traiciones de algunos referentes fueron volcados en la mesa que en la palabra fue iniciada por Ramón Paz, de Misión Salim, que junto a otras comunidades wichí decidió convocar a una urgente reunión, preocupado por el avance de los desmontes en territorios comunitarios. Una acción a fin de contrarrestar diversos mecanismos que invisibilizan y silencian a las comunidades a través de un aparato de operaciones que involucran a empresarios, algunos medios de comunicación, y el Gobierno.

En los relatos de los referentes de las distintas comunidades se repitió el apellido Cenci. Fernando Cenci es uno de los referentes de los empresarios agrícolas que concentran grandes extensiones de tierra para expandir la frontera agropecuaria. Su presencia se conoce más en los emprendimientos iniciados en los departamentos Orán y San Martín. Logra 'acuerdos' con caciques y referentes de las comunidades que a su vez dejan de consultar a quienes representan aceptando el desmonte a cambio de motosierras, la madera, o guías que les permitan sacar la madera de manera legal. Sobrevolaba así la sospecha de que Ambiente facilita las guías para estas negociaciones, y las niega a las comunidades bajo el pretexto de que no tienen regularizado su territorio.

La mano de Ambiente

La mano visible de  la Secretaría de Ambiente se hace más clara con la demora de las inspecciones en lugares que fueron denunciados por actividades ilegales de tala y desmonte. El titular de la organización Corazón de Palo Santo (Hickman), Pascual Torres, contó que ante las denuncias que se hacen por los desmontes ilegales, los inspectores de Ambiente llegan pero "son guiados por los empresarios hacia una zona donde el desmonte no está y donde esperan algunas comunidades que hablan a favor de la empresa" denunciada.  En  la comunidad criolla de Corzuela Blanca, Rivadavia Banda Norte, la situación no varía demasiado. Pues tras la denuncia "nunca nos informaron de la inspección", dijo María Burgos, Indicó que casualmente cuando los inspectores llegaron lo hicieron con el administrador de la finca" de Pablo Isa, a quien denuncian por haber talado el monte por fuera de los límites de las 300 hectáreas que le había autorizado Ambiente. Se suma, entre muchas otras irregularidades, la falta de notificación de las audiencias públicas para desmontes, en las que "sólo participan los empresarios y las comunidades que los apoyan para poder desmontar", sin que las comunidades lleguen a enterarse. 

Pese a todo, las comunidades sostuvieron la necesidad de mantener una reunión con las autoridades de Ambiente de la  Provincia en la zona para plantear el problema y escuchar una respuesta.