Las comunidades encargadas de hacer ese trabajo son El Algarrobal, Las Trancas y La Aguada, quienes obtuvieron un subsidio del gobierno nacional por $ 240 mil para realizar una toma de agua sobre el río Las Cuevas que permitirá que esos grupos puedan acceder al servicio de agua potable, pero la dificultad surgió cuando al momento de tender unos 5 kilómetros de cañerías se dieron con que no podían pasar por terrenos privados, ya que el dueño de la finca se niega a cederle el paso.

El motivo del rechazo, según los integrantes de las comunidades sería "porque nosotros reclamamos tierras que ahora en los papeles son de él pero que naturalmente nos corresponden", explicó Iván Manrique Burgos referente de El Algarrobal.

"El sábado comenzamos con la obra y el dueño llegó con la policía para frenarla, además nos amenazó e inclusive sentimos disparos, nosotros no pretendemos pasar por el medio del campo, sino por el costado de un camino que existe para acceder al río", se explayó Burgos.

El diputado del Departamento Pablo Díaz se ofreció como mediador para tratar de encontrar una solución, y posibilitar que continúe la obra.

"El problema es que los miembros de las comunidades entienden que pedirle permiso al dueño de la finca es reconocerle la propiedad de las tierras que ellos reclaman como propias", explicó Díaz.

Además agregó que "la idea es llegar a una solución negociada, y no tener que declarar de utilidad pública ese tramo y expropiarlo, porque es verdad que las comunidades necesitan el agua con urgencia, pero dependerá de que se dejen ayudar".

Piden personería

Por su parte integrantes de la comunidad La Aguada redactaron una carta abierta a Eduardo Sángari, director de Personería Jurídica, en protesta por lo que consideran una demora injustificada para que se le entregue la personería, que lleva más de dos años en trámite y apuntan a una funcionaria como la culpable.

En ella invocan "los derechos que nos otorga la Constitución Nacional de los Argentinos que en su artículo 75 inciso 17 reconoce la "preexistencia" de nuestros "originarios", y lo expresado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT)".

También sostienen que "creemos conveniente aclarar que no recurrimos a motivaciones raciales, sino a decisiones basadas en nuestra "opción" por considerarnos herederos de nuestros ancestros originarios”.

Además señalan a Lidia Petrona Funes, jefa del Departamento de Registro de Comunidades Indígenas", como la culpable del estancamiento del trámite.