La sentencia judicial data de 1991. Por aquel entonces, los abogados Hugo Vizozo, Ricardo Monti Herrera y Carlos María Figueroa Castellanos representaron a la Municipalidad de San Fernando del Valle cuando se iniciaron las demandas. Por la gestión, lograron la condena a ENTEL en la suma de $ 16.920. 241, calculada a octubre de 1992. Sin embargo, según se había informado desde la Municipalidad, iniciaron por su propia cuenta el reclamo contra el Estado Nacional, que luego perdieron y por eso la comuna debió pagar las costas y los honorarios de Adolfo Guzmán, quién por entonces era defensor oficial federal y subrogó al fiscal federal.

Guzmán, quién es hermano del actual intendente capitalino, tiene ahora a su favor un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, de marzo de 2009, más un auto regulatorio de abril de ese año, en la que se fija una deuda de $ 741.835, que corresponde sólo al capital adeudado. En función del reclamo por la actualización y al considerar que los pagos realizados no cubrieron la evolución de los intereses, es que la deuda se elevó a $ 1.818.121.

Por orden de la Justicia, Guzmán firmó un convenio con la empresa EDECAT, quién es la encargada de realizar la recaudación por ocupación del espacio aéreo y ésta se convirtió desde entonces en la responsable de pagar los 13 mil pesos por mes al actual camarista.