Gustavo exhibe sus brazos con marcas. Son manchas redondas, como quemaduras. Las lleva impresas en su piel hace más de tres años. Son salpicaduras de una fumigación aérea. Enseguida trae a la charla, en medio de la Plaza Rocha, donde se desarrolla la Feria Verde y él atiende un puesto, un ejemplo más actual. Un mes atrás vecinos de su barrio, incluso uno de sus hijos, aparecieron con los ojos hinchados. El momento coincidió con una fumigación de glifosato que esparcieron sobre el alambrado de un country en la zona de Chapadmalal para matar los yuyos.

“Esas no parecen ser pruebas suficientes para el Municipio, para avanzar en el cese de la fumigación sobre los barrios periféricos. Verdaderamente es una cargada porque ellos mismos, el Concejo Deliberante por unanimidad, elaboraron y aceptaron la ordenanza 18740 –NdR: que establece una franja de mil metros para fumigar lejos de las casas- y hoy no la ponen en funcionamiento porque dicen que es inviable”, cuestionó Gustavo Pizani.

Él, junto a Jorge Picorelle, presentó un recurso de amparo contra a la Municipalidad por no haber reglamentado la normativa aprobada en septiembre de 2008, comprendiendo que la omisión representaba un acto arbitrario y violatorio del mandato constitucional. En el escrito solicitaban, en un tiempo prudencial, poner en funcionamiento la ordenanza que ya está en vigencia.

La presentación del amparo había sido en abril y veinte días atrás recibieron la respuesta, donde las representantes de la Municipalidad niegan que la ausencia de reglamentación de la ordenanza 18740 afecte los derechos constitucionales y que la omisión de reglamentar sea arbitraria e ilegal.

“Nosotros decidimos llegar a esta instancia al ver que a pesar de todas las denuncias que habíamos realizado no se tomaban cartas en el asunto”, indicó Pizani, quien recordó denuncias ante la Fiscalía de Delitos Ambientales y reuniones con el fiscal. “La problemática es la misma: te llaman para avisarte cuándo te van a fumigar y el avioncito sigue pasando a 200 metros de tu casa”, graficó.

“En el recurso se pedía el cese de las fumigaciones y que se respete la distancia de los mil metros, linderos de las poblaciones, tal como lo establece la ordenanza que está en vigencia y que no se cumple”, indicó Pizani.

“Ellos (por el Municipio) dicen que no es algo justo lo que nosotros reclamamos”, indicó. Incluso, se plantea en el escrito que “no se están afectando derechos constitucionales” al demorar la reglamentación de la ordenanza. “Según ellos están dentro de lo que marca la ley, pero parece que estos muchachos no conocen el artículo 41 de la Constitución Nacional que defiende los derechos de los seres humanos como de la biodiversidad”, contrarrestó el vecino de Santa Isabel.

Ese artículo establece: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales (…)”.

“Te quieren dar a entender que esperan que haya muertes para actuar y lo que está sucediendo es muy grave para la salud humana y el medio ambiente”, subrayó Pizani.

Quienes dan esta respuesta en términos legales representan al Estado. ¿Cuál es la sensación que les queda después de recibir el escrito?, preguntó El Atlántico. El encargado de responder fue Ricardo Trovato, integrante también de la Asamblea Paren de Fumigarnos. “Es un tema complejo, donde se ven afectados un montón de intereses, hasta una cultura. La agricultura en la forma en que se está llevando a cabo ya es cultura. No hay opciones: uno se para del lado de la vida a mirar este tema, o del otro lado. Los que tendrían que estar actuando porque les cabe naturalmente, no lo están haciendo. Los funcionarios miran para otro lado”, sostuvo. Pizani trajo a colación lo que sucede en Cañuelas, provincia de Buenos Aires: Allí las fumigaciones están restringidas por dos mil metros, incluso ninguna avioneta puede pasar con un bidón de agroquímico vacío por el partido. “Vivimos en la misma provincia, en el mismo país, ¿y acá no podemos implementar la ordenanza? ¿No podemos respetar al ser humano y decir que hay mil metros para no fumigar? En el barrio Santa Isabel hace dos semanas que vienen fumigando a 600 metros de las casas y menos distancia también”, se lamentó.

Trovato apuntó: “La misma ordenanza que el poder Legislativo aprueba por unanimidad dicen después que se contrapone con leyes a nivel provincial y nacional. Es totalmente ridículo”.

Y Pizani concluyó: “Queremos que se cumpla el respeto a la vida humana y al medio ambiente, pero no vemos interés de parte de este Municipio en querer hacer algo”.