Desde hace más de 10 días que las organizaciones sociales y los funcionarios comunales vienen conversando algunos puntos controvertidos de los contratos. La comuna se comprometió, el viernes pasado, a modificar el texto de una cláusula de convivencia que en un principio prohibía a los miembros de las cooperativas querer tener derecho a manifestarse. Un resguardo que la municipalidad pretendía armar para que no se repitan algunos hechos violentos como ocurrieron en la toma del Concejo Deliberante del 20 de octubre. También aseguró hacerse cargo de los gastos en herramientas e insumos como agua, luz y baños químicos necesarios para realizar los trabajos y la posibilidad de que las cooperativas puedan administrar una cierta cantidad de dinero para las maquinarias.

"Sobre el artículo de convivencia se estableció que las cooperativas no entorpecerían el funcionamiento de los organismos municipales siempre y cuando tengan un diálogo con el municipio", aseguró el referente del Movimiento Barrios de Pie, Mariano Taborda. "Si esto está plasmado en el contrato nosotros ahí sí firmaríamos y ya estaríamos a disposición para empezar a trabajar", afirmó.

Las 35 cooperativas marplatenses de desocupados fueron conformadas hace unos cuatro meses para funcionar dentro del Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST), el plan piloto que en el conurbano dio origen al actual "Argentina Trabaja", anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en mayo de este año por cadena nacional.

Las primeras experiencias del plan reforzado se están iniciando en los distritos del conurbano bonaerense. La idea básica es que cada cooperativa, inicialmente con 16 trabajadores, quede conformada con 60 y en lugar de cobrar 800 pesos a través de los municipios reciban 1350 por tarjeta magnética. El refuerzo, sin embargo, no derivó de manera matemática en satisfacción por parte de las organizaciones sociales.

Dos días después de que 18 de 35 cooperativas tomarán el Concejo Deliberante de la ciudad, más de 20 organizaciones sociales realizaron piquetes y movilizaciones en 13 provincias del país en reclamo de una amplia convocatoria a los operativos de inscripción de desocupados para trabajar y para que el plan alcance al interior del país.

Además se puso bajo la lupa el hecho de que los nuevos inscriptos sean desconocidos para el resto de los trabajadores de las cooperativas que tenían ya varios años de trabajo en los barrios. El temor apuntaba a que los nuevos podrían responder a punteros de los intendentes del conurbano y, sin ir a trabajar reciban de todas maneras los 1350 pesos a través del cajero automático. El conflicto sigue abierto, porque ahora los jefes comunales estarían avanzando hacia la creación de nuevas cooperativas.