La Justicia hizo lugar a una acción de certeza y legalidad presentada por vecinos e integrantes de un partido político para que la administración comunal explique las circunstancias de hecho y derecho por las que impulsa el proyecto para la creación de una policía municipal.

La resolución fue interpuesta por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, a cargo del doctor Simón Francisco Isacch, quien intimó a la Municipalidad de General Pueyrredon para que en un término de 45 días conteste la acción presentada, y en un plazo de 5 días presente los argumentos que justifiquen la iniciativa.

Una vez hecha efectiva la respuesta por parte del Departamento Ejecutivo, el juez decidirá la constitucionalidad del proyecto que será sometido a una consulta popular el próximo 9 de junio.

El recurso fue presentado el 6 de mayo ante el juzgado del doctor Isacch y lleva la firma de Juana Fraga, en su carácter de vecina, y de Alicia Reyley y Agustín Vargan, también vecinos y militantes políticos del partido "Unión Popular".

Los autores de la acción judicial, representados por el abogado Julio Kikkilo, manifestaron estar buscando con la presentación "que la Justicia se expida concretamente respecto de la legalidad en la implementación de la policía municipal, toda vez que la improvisación y el apuro pueden terminar beneficiando a quienes se trata de disuadir de la comisión del delito y no a los vecinos y vecinas que con esfuerzo, deberán sostener económicamente, la puesta en marcha de ésta iniciativa?.

Asimismo, expresaron estar "a favor de la consulta popular como mecanismo de participación, de la descentralización y autonomía municipal pero no avalamos la manipulación de estos mecanismos en favor de intereses políticos coyunturales?.

Por su parte, desde la Procuraduría Municipal consideran que el reclamo es prematuro ya que solamente se está consultando y no hay proyecto firme. Y resaltaron que se trata de ?algo totalmente formal?.

Ante la situación planteada el área Legal de la comuna emitió una serie de aclaraciones entre las que se destaca que " lo que solicitan es una pretensión declarativa de certeza, es decir lo que quieren es que un juez aclare si el municipio puede o no implantar una policía municipal, con todo lo que ello requiere?.

Por medio de un comunicado de prensa el Ejecutivo manifiesta que ?este 10 de mayo, resolvió dar trámite a esa presentación. Algo totalmente formal, que establece que el Municipio tiene 45 días hábiles (judiciales) desde que se recibe la notificación para contestar esa demanda y además 5 días para presentar un informe para que sirva al juez para decidir si hay o no mérito de establecer una medida cautelar?.