Una comisión de la Justicia Federal de Rawson allanó ayer la sede en Comodoro Rivadavia del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Del lugar se llevaron 20 libros de actas, entre otra documentación clave.

Ese material secuestrado será objeto de peritaje profesional en el marco de la denuncia por presunta adulteración de las notas de los exámenes finales de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en su sede Trelew.

Puras promesas

El procedimiento en el sur petrolero se decidió luego de que las autoridades de esa casa de altos estudios no obedecieran la orden del Juzgado de entregar los biblioratos.

Por esta causa, además, el decano de Jurídicas, Augusto Ferrari, quedó imputado por el delito de “desobediencia”. Este cargo se suma al de “encubrimiento”, que arrastra del inicio de la causa, ya que se lo acusa de no haber hecho la denuncia de la presunta adulteración de notas pese a que estaba anoticiado por dos empleadas que descubrieron las presuntas irregularidades. Tampoco habría resguardado el material que habría sido retocado. Todo según la denuncia del fiscal federal Fernando Gélvez y del defensor general adjunto, Alfredo Pérez Galimberti, en su carácter de docentes de la carrera.

Cronología

El miércoles de la semana pasada, la justicia intimó a la UNPSJB y le otorgó un plazo de 48 horas para entregar los papeles comprometedores, luego de la denuncia de los docentes de Abogacía afectados por el escándalo.

El viernes 29, Rubén Fleitas, el delegado académico que debió reemplazar a Pablo Pugh -el principal sospechoso de las adulteraciones- envió una nota al Juzgado Federal de la capital comprometiéndose a enviar los libros el lunes siguiente. Pero los días pasaron y no hubo novedades.

En este marco se libró una orden de allanamiento mediante la cual una comisión allanó el Rectorado -que tiene sede en Comodoro- y sacó de su caja fuerte al menos 20 libros, que sería el material que Pugh envió a la ciudad petrolera luego de sacar dos cajas de papales de la sede en Trelew de Ciencias Jurídicas, cuando ya había renunciado a su cargo, para llevarlas ante un escribano público.

En este momento de la pesquisa, lo que los investigadores no se explican es por qué el abogado sospechado habría sacado 20 libros del edificio de aulas cuando la presunta adulteración –según la denuncia original de dos empleadas administrativas- sería sólo sobre tres. La fiscal subrogante es de apellido Patiño.#