Maris Elda Chávez quizás estaría viva si ella, un pariente, un amigo o un vecino hubieran denunciado las amenazas que su ex, Juan Isaías Ríos, le había hecho, perturbado por la posibilidad de que ella formara pareja con otro hombre. El juez que le dictó la prisión preventiva a Ríos por matar a Chávez a puñaladas supo de esas intimidaciones recién cuando la hija mayor de la mujer se lo contó a una psicóloga, cuando la tragedia ya estaba consumada. Hasta ese momento, el padecimiento de Maris y sus hijos estuvo guardado dentro de las paredes de su casa, o del entorno más íntimo.

“Quien maltrata tiene un primer cómplice: el silencio. Y hablar rompe con la impunidad en la que se escuda”, aseveró Soledad Salvi, jefa del Subprograma Mujer y Comunidad del Gobierno.

El miedo de la víctima o de sus allegados a recrudecer la ira del agresor suele explicar por qué la violencia de género o familiar permanecen veladas. Pero Salvi dijo que hay investigaciones que le permiten asegurar que también hay desinformación sobre adónde pedir ayuda o adónde ir para hacer una presentación formal.

La historia de Maris tiene la singularidad y la universalidad de los casos de maltrato a la mujer. Ella se había separado de Ríos en La Pampa, porque él era violento, y se mudó con sus tres hijos a Justo Daract, para rehacer su vida en esa ciudad, porque allí vive su padre.

Las sucesivas negativas de ella para reanudar la relación engendraron el malestar del hombre. El 9 de octubre, probablemente convencido de que la iba a encontrar con otro, Ríos entró a la casa de Maris por la ventana. Comprobó que ella estaba sólo con sus hijas. Igual, el hombre empezó una discusión. Y nada, ni los intentos de su ex y las niñas por apaciguarlo, redujeron su furia. Ríos tomó un cuchillo y le asestó varias puñaladas. Una, la mortal, fue en el corazón.

Según un informe de investigación del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Casa del Encuentro, en San Luis, en 2012, no murieron mujeres como consecuencia de la violencia sexista.

Este año, los homicidios de Maris y Ana Belén Araujo –una joven mamá de 24 años a la que le descerrajaron diez tiros y fue quemada en un descampado de Villa Mercedes por manos aún desconocidas– además de modificar la tendencia, encienden alertas.

Claro que la muerte como desenlace no es más que la expresión última e irreversible de la violencia, que también se materializa en el insulto, la humillación, el castigo psicológico y el sometimiento sexual y económico.

“Es importante que la gente sepa que existe la figura de la denuncia con resguardo de identidad. Los jueces de Familia y Menores suelen tomar los datos del denunciante y dejarlo en reserva. Es decir, su nombre no va al expediente, que es consultado por las partes que intervienen. El magistrado necesita saber quién hace la presentación, para contactarse con esta persona y hacer un seguimiento de la situación”, explicó Salvi. Con esta modalidad, se reduce el temor de los allegados a convertirse en blanco del violento.

El caso de la adolescente sometida sexualmente por su papá, un abogado sobre quien hoy pesa un pedido de captura, es para Salvi un buen ejemplo del ensamble entre las estrategias del Poder Judicial sobre cómo advertir y denunciar los hechos de violencia y el compromiso de una institución, en este caso la escuela a la que va la joven.

Después de escuchar una charla sobre la prevención y el combate de los abusos, la chica, de 14 años, le confió a una docente lo que sufría a manos de su padre. “En el expediente figura la escuela como comunicadora de la situación del menor, y no un directivo o un profesor, de algún modo para proteger a quien denuncia”, refirió.

Salvi dijo que en el Subprograma reciben a vecinos o familiares que buscan asesoramiento sobre cómo socorrer a una víctima. “Como somos una instancia de comunicación de la situación, no de denuncia, les damos información y hacemos un trabajo con ellos, para que puedan guiar a la persona a buscar ayuda. Y aún cuando ésta no quiere denunciar, pero hay niños de por medio, igual informamos a los organismos pertinentes en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, para resguardar a los menores”, explicó.