Como Pérez, Cornejo congeló los ingresos al Estado

El gobernador prohibió el incremento de la partida de personal, sacó los adicionales por mayor dedicación y comenzó con su plan de jubilaciones. 

 

Después de haber dado de baja a 83 designaciones y ascensos, ahora el gobernador Alfredo Cornejo tomó una decisión similar a la del ex mandatario, Francisco Pérez, y congeló los ingresos al Estado. A través del decreto Nº 65 publicado en el Boletín Oficial congeló los ingresos al Estado.

Entre los argumentos para tomar esta medida, la norma señala que resulta preciso instrumentar las herramientas adecuadas dada “la actual situación económica y financiera de la provincia, de nivel crítico”.

De esta manera se prohíbe todo incremento de la partida de personal por designación, ajuste de situación de revista, suplemento por subrogancia y contrataciones por el sistema de locaciones de servicio. El decreto aclara que se exceptúa a las altas de personal que provengan por reemplazos en la Dirección General de Escuelas (DGE). En cuanto a los contratos de locación, cuyos titulares pasaron a planta se consideran como una baja del cupo originalmente autorizado por el presupuesto por lo que no podrán realizarse nuevas altas sobre la base de esos contratos.

Por otra parte en el artículo tres del decreto se suspenden los adicionales por mayor dedicación en el ámbito del Poder Ejecutivo, administración central y organismos descentralizados. En cuanto a los agentes que poseen cargos de planta permanente o temporaria, se prohíbe el otorgamiento de horas cátedras.

Además, tal como lo había anticipado antes de iniciar su gestión, Cornejo solicitó a los directores de administración que realicen todos los actos necesarios antes del 30 de marzo para que los agentes estén en condiciones de jubilarse inicien con tiempo los trámites.

La idea es eficientizar el gasto y para eso el decreto también establece que sólo podrán tener celulares oficiales el gobernador, los ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, subsecretarios y directores. El resto de los agentes públicos que actualmente tengan teléfonos oficiales deberán devolverlos en un plazo de 30 días hábiles.

Asimismo la norma invita al resto de los poderes a tomar medidas similares.

Comentá la nota