El dictamen de la titular del Ministerio Público sostuvo en los fundamentos que "estamos frente a la clara violación del principio representativo y republicano de gobierno, no sólo por re-legislar sobre una norma sin respaldo constitucional (automáticamente derogada en 1988) sino que, además, el sistema implementado y su posterior aggiornamiento a través de la ley 4.439 contiene una manifiesta contradicción en este sentido: el comisionado de Fomento, elegido a través de la voluntad popular, de entre los candidatos propuestos por las únicas organizaciones que pueden proponer (los partidos políticos) continúa siendo un delegado administrativo del Poder Ejecutivo Provincial".

Esa consideración se basa además en que, según Piccinini, la Constitución de 1988 no contempló la figura de la Comisión de Fomento, sino la de comuna, la cual se refiere a las poblaciones de menos de dos mil habitantes que deben elegir directamente a sus autoridades. Un punto innovador del dictamen de Piccinini es que la norma original que creó las Comisiones de Fomento (643/71) se originó durante un gobierno de facto. Al respecto, la procuradora cita jurisprudencia de la Corte Suprema y concluye que "las normas de facto, por no ser de origen democrático, no tienen presunción de validez moral".

Sostiene que en el caso en cuestión "el decreto ley 643/71 era inconstitucional en tanto creaba instituciones no con contempladas en la Carta Magna de 1957 y su pervivencia en el orden jurídico rionegrino, una vez restablecido el sistema democrático, puede justificarse con la doctrina de la Corte, pero luego de la Constitución de 1988 en claro ha quedado que toda norma inconstitucional ha sido derogada".

Cabe recordar que la causa judicial comenzó con una presentación del Partido Justicialista, que decidió no participar de estas elecciones.