La reforma a la normativa nacional que regula los procesos del fuero Civil y Comercial, concretada por el Congreso de la Nación, comenzó a regir desde el 1 de agosto pasado. Sin embargo, su Código equivalente en la Provincia permanece vigente desde 1991. Por eso, la Legislatura dictó el martes una resolución mediante la cual se dispone la creación de una comisión especial, que se abocará a la revisión del texto jurídico.

El comité reformista estará integrado por representantes de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, se convocará a los Colegios de Abogados de la Capital y del Sur, y a docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y la San Pablo-T, además de otros especialistas en la materia.

El legislador oficialista Marcelo Caponio (bloque Tucumán Crece) explicó que la labor se efectuará mediante audiencias públicas. “La modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (Cpccp) es imprescindible, en razón de los cambios introducidos al Código nacional. No sólo sobre institutos procesales ya existentes, sno también en virtud de diversas acciones nuevas que han sido reguladas por el Congreso”, señaló el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales.

“Anacronismo”

El parlamentario enunció un ejemplo del “anacronismo” del Código provincial. “Podemos mencionar los cambios introducidos en los procesos de Familia. En el nuevo Código, la regulación del divorcio -en el artículo 438- ha dado lugar a que erróneamente se lo denomine ‘divorcio exprés’, debido a que el procedimiento se ha visto simplificado en lo que se refiere a la disolución del vínculo matrimonial. Esta es una de las novedades jurídicas a las que se debe adaptar nuestra legislación procesal local; toda vez que en la práctica se siguen llamando a audiencias conciliatorias, o llevando a cabo actos procesales que no se condicen con la legislación de fondo aplicabl”, detalló Caponio.

Remarcó luego la importancia de sumar nuevas herramientas. “Algunas de ellas son las notificaciones electrónicas, la desformalización y oralización de los procesos, mecanismos eficientes de control del cumplimiento de los plazos procesales -no sólo de las partes, sino también de los jueces-, la creación de protocolos de actuación ante la problemática de la violencia de género, entre otras cuestiones de importancia”, relató.

La Legislatura tuvo una iniciativa similar para la elaboración de un proyecto para reformar el Código Procesal Penal de Tucumán, labor también impulsada por Caponio en su anterior mandato. Este trabajo se desarrolló por mas de dos años, y contó con la participación de los tres Poderes y de organismos profesionales, entre otros. La propuesta definitiva ya fue elaborada por una comisión especial, y el ex legislador Ramiro González Navarro formalizó su entrega, pero todavía no cuenta con dictamen ni ha sido llevada al recinto.