El proyecto que convirtió en ley la licencia por violencia de género para las empleadas públicas es el único aprobado en un año por la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género de la Legislatura de Córdoba. La creación de dicha comisión fue votada con casi la totalidad de las voluntades el 3 de junio pasado, en una sesión adelantada en horario para que legisladores, funcionarios y empleados pudieran participar de la multitudinaria marcha por Ni Una Menos. 

“Sólo aprobamos el proyecto de ley de la licencia por violencia de género en noviembre pasado, y actualmente tenemos entre 15 y 20 iniciativas presentadas por la oposición que no se tratan por falta de aprobación del oficialismo que tiene mayoría”, dijo a Día a Día la legisladora de Córdoba Podemos y miembro de la comisión, Liliana Montero. 

Según detalló, la mayoría de los proyectos están relacionados con la declaración de emergencia, con protocolos de búsqueda inmediata y con la adhesión a la ley nacional 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, en coincidencia con el enviado por el Ejecutivo en la previa de la segunda marcha pidiendo Ni Una Menos. 

Montero encargó a la Secretaría de Comisiones un cuadro comparativo de las iniciativas que no han sido abordadas aún: “Pedí que hagan un mapeo con todas las normas que tenemos durmiendo para que podamos establecer puntos en común y coincidencias para agilizar el tratamiento, porque si vamos a abordar uno por uno sería eterno”. 

Pedidos puntuales

La legisladora consideró que hay que puntualizar qué se reclama cuando se pide la emergencia, y aseguró que hubo un incremento en las partidas presupuestarias de 2016 en relación al año anterior. “Hay que sentarse y situar las necesidades: la asistencia económica a víctimas es discrecional, la transversalidad en las políticas está ausente porque sólo tenemos medidas focalizadas, la presencia en el interior es muy baja, falta capacitación a funcionarios públicos y debemos unificar las ventanillas para acortar el trayecto a las mujeres que acuden a la justicia”, ejemplificó Montero, entre otras demandas. 

Más pedidos

Laura Vilches, legisladora del FIT, agregó que de las pocas sesiones que hubo, “la mitad fue por presencia de funcionarios, no para debatir proyectos”. 

También lamentó que no avancen las iniciativas ya presentadas: “Entre esos proyectos está nuestro pedido de emergencia integral, que incluye refugios transitorios, subsidios equivalentes a la canasta básica, licencia por violencia para todas las trabajadoras, no sólo las estatales, y la adhesión a la Ley Nacional”. 

“Creemos que los refugios tienen que armarse en edificios públicos ociosos, y hemos presentado un pedido de informes pidiendo la nómina de edificios ociosos, pero tampoco hemos tenido respuestas”, reprochó Vilches. 

Adherir está en la agenda

El gobernador Juan Schiaretti envió a la Legislatura un proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres, 26.485, con excepción del apartado “procedimientos”, para el cual reserva la facultad de la Provincia de para hacer la adecuación. 

Para Liliana Montero, la decisión de la Provincia de adherir a la normativa nacional es un gran triunfo de las organizaciones. “Hay que tomarlo como algo positivo, y reclamarle a la Comisión Multidisciplinaria de Expertos que analice cómo hacer la adecuación en el Poder Judicial”, señaló. 

Laura Vilches, en tanto, manifestó que adherir a la ley pero sin designar más presupuesto no dará mayores frutos. “Si crearon una comisión que casi no sesionó, van a adherir a una ley que va terminar siendo papel mojado”, resumió. 

Rechazo opositor

El legislador de Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio, fue el único que se opuso a la creación de la comisión. “Creo que no se pueden aprobar normas solamente para atemperar el humor social. Son temas complejos y complicados, que hay que abordar en su integralidad y profundidad”, argumentó.