El comisario mayor Rafael Sosa, en uso de licencia, podría ampliar su declaración en el denominado caso de los “narcopolicías”, en el que está sindicado como uno de los jefes de una organización con vínculos con narcotraficantes, que desató un escándalo institucional que descabezó la cúpula policial y del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

La medida judicial habría sido solicitada por el nuevo abogado defensor de Sosa, el doctor Gustavo Franco, quien plantearía un cambio en la estrategia defensiva del uniformado. A tal punto, que el letrado desistió de los planteos de recusación contra la secretaria penal del Juzgado Federal Nº 1, Liliana Navarro, y el fiscal federal, Enrique Senestrari.

Según anticipó a LA MAÑANA el nuevo representante de Sosa, que reemplazó al abogado Facundo Pérez Lloveras, el ex director de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía, detenido junto a otros cuatro miembros de la misma dependencia, podría ampliar su indagatoria entre mañana y el jueves ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro. Sosa había sido el único en declarar el pasado viernes durante dos horas ante el magistrado.

“Queremos brindar una declaración puntillosa de cada uno de los hechos y así demostrar que no hay irregularidades en los hechos atribuidos”, indicó a este diario el letrado.

A su vez, Franco sostuvo que, a posteriori, reclamará la libertad de su defendido “ya que no hay argumentos para que continúe detenido en forma preventiva”. El funcionario policial está detenido desde la noche del 11 de setiembre pasado.

El abogado agregó que Sosa “está colaborando con la Justicia y no hay intenciones de entorpecer el proceso ni fugarse”.

El hombre fuerte de la lucha contra la droga de la Policía fue detenido en el marco de una investigación del fiscal Senestrari, conocida públicamente tras la emisión del programa periodístico ADN por Canal 10, en el que el agente civil encubierto Juan Francisco “el Francés” Viarnes indicó que los policías “acordaban” con algunos narcotraficantes sobre los operativos y en algunos casos se quedaban con parte de lo secuestrado, o recibían “pagos” para habilitar “zona liberada” para el mundo de la droga.

Sosa, junto al comisario Alfredo Saine, el oficial inspector Franco Argüello, el sargento Fabián César Peralta Dattoli, y el suboficial Mario Osorio, están acusados de los supuestos delitos de “asociación ilícita”, “privación ilegítima de la libertad”, “falso testimonio” y “falsedad ideológica”, entre otros. Estos cuatro uniformados son defendidos por el abogado Lucas Guevara.

Pero mientras las defensas de los policías planean sus estrategias, el fiscal federal Senestrari continúa recabando información y denuncias sobre el accionar de la supuesta banda, que podría tener ramificaciones en el interior provincial. En ese sentido, sigue la búsqueda del oficial subinspector Gastón Bustos, en el marco de las pesquisas por el cambio de 30 kilos de marihuana secuestradas en octubre del año pasado por la misma pesaje en alfalfa y piedras.

En declaraciones a Radio Nacional Córdoba, Senestrari destacó que “la cantidad de pruebas crece en forma geométrica”. Además comentó que “el juez está en condiciones de dictar procesamiento por alguno de los hechos”.