Los jueces y funcionarios pretenden una bonificación mayor que la de los empleados y estos una similar para todas las partes, con el objeto de preservar la carrera y a la vez la “ley de enganche”. En horas de la tarde los gremios evaluarán la marcha de las negociaciones y si el reclamo continuará con medidas de fuerza.

Aunque el reclamo de los empleados es justo, la paralización de actividades de los juzgados es funcional a los jueces y magistrados que esperan que la ausencia del servicio de justicia moleste lo suficiente para que se resuelva, de una vez por todas, el reclamo que sostienen: el 35 por ciento de bonificación por incompatibilidad, 30 por ciento para funcionarios y 25 por ciento para empleados.

Esa propuesta podría ser votada por las bancadas de la Alianza y del Partido Justicialista pero no asegura que se desactivará el conflicto o que siga por otros medios -la vía judicial- para iniciar un nuevo reclamo que puede ser una demanda masiva de empleados cuando hay un fallo que obliga a pagar un juicio que no se cuantificó.

De los tres despachos emitidos por la Comisión, el proyecto de ley de su presidente, el diputado Fabricio Bolatti, propone aplicar una bonificación de carácter general para el Poder Judicial. De esta manera se evitaría aplicar montos en negro, modificaciones en la estructura de cargos y pago de horas extras, simplificando así el incremento salarial, garantizando equidad y evitando futuros juicios contra el patrimonio público. Los tres gremios que agrupan a empleados judiciales dieron su respaldo a esa iniciativa parlamentaria.

Además, el gobierno provincial sigue de cerca el debate parlamentario luego de las reuniones mantenidas la semana pasada con todos los integrantes del sector, en un nuevo intento por acordar una mejora salarial que satisfaga a todos por igual y garantice el servicio judicial en todo el territorio provincial.

Alerta de

los jueces

“Guste o no a quien sea, se esté de acuerdo o no, el que toma las decisiones políticas en el ámbito del Poder Judicial es el Superior Tribunal de Justicia”, afirmó el juez de la Cámara Segunda en lo Criminal y acotó que “después sus decisiones podrán o no ser puestas en crisis a través de los mecanismos que prevé la ley y la Constitución”.

“Pero para eso han sido puestos en ese lugar y no su predisposición, sino su obligación es tomar las decisiones que estén destinadas al manejo o conducción del Poder. Esta decisión ya ha sido tomada sobre la base del consenso, y debidamente comunicada. Corresponde ahora definirse al Poder Legislativo: o respeta la decisión política del otro poder en el marco de la institucionalidad republicana, o la pone en crisis, en cuyo caso deberá justificar cuáles son los motivos para hacerlo”, aseveró Yurkevich.

Luego apuntó que “con muy buen criterio y en respeto a la representación sindical, los poderes del Estado suelen -se podría afirmar que siempre lo hacen- consultar con los empleados sindicalizados y arribar a algún acuerdo” y marcó que “cuando la concordancia no es posible, se ejerce la autoridad conferida por el mandato popular en las urnas (en los casos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo) o el que surge de la designación constitucional (en el caso del Poder Judicial), y en virtud a ella se decide”.

De algún modo, Yurkevich expresa algo más que su opinión personal porque su opinión sobre “responsabilidad política en el tema judicial” fue difundida a los medios de comunicación a través de la oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia.