La causa fue iniciada por Martín Royano, quien hizo la denuncia penal en la policía en 2002, al sospechar de la metodología de cobro que se disponía en las escrituras que había firmado para pedir un préstamo. Fue esta denuncia la que, según Royano, luego evitó que por no pagar el préstamo (del que afirmó, llegó a pagar más del doble), se plantee un juicio de ejecución y el posterior remate de su vivienda.

Hay algunas familias que acusaron esta situación después de que habían sido a su vez, acusado en el ámbito de la Justicia Civil, en la que se tramitaron juicios de ejecución, razón por la cual perdieron sus viviendas.

Es por ello que los afectados esperan saber que sucederá en el juicio que comienza hoy, y cuya resolución estará a cargo de los jueces Roberto Lezcano, Abel Fleming y Carlos Pucheta. Se prevé que las audiencias finalicen el 29 de este mes.

El juicio fue suspendido hace dos años aproximadamente (dado que la suspensión se estableció el 4 de agosto de 2008), luego de que Plaza y Flores Torres, interpusieran recursos solicitando la suspensión del juicio a prueba, ofreciendo el pago de los honorarios de los abogados, y de $100 de resarcimiento, a cambio de las audiencias del debate no se lleven adelante.

El pedido fue rechazado por los camaristas que debían llevar adelante el juicio y también por la Corte de Justicia. Luego se elevó un recurso extraordinario que también fue rechazado, y el pedido de juicio a prueba fue, finalmente, elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso en queja.

En sus argumentos, la Cámara del Crimen primero, y la Corte local después, señalaron que al ser escribana, Plaza es una funcionaria pública, y por lo tanto, no puede acogerse a la suspensión del juicio a prueba. Por otra parte, se entendió (desde la Procuración), que hay más de un hecho que apunta a Plaza y Flores Torres, razón por la cual podría solicitarse una pena efectiva por los delitos, en caso de que estos sean comprobados en el juicio.