La audiencia se iniciará a las 8, en un contexto de duras críticas a la cabeza del Poder Judicial del Chaco, ya que el Superior Tribunal de Justicia denegó un pedido del Tribunal Oral Federal para que el proceso se desarrolle en el salón de usos múltiples del STJ, mucho más apto para la tramitación del juicio que el recinto universitario en el que finalmente se hará.

El tribunal que conducirá el debate y que luego dictará el fallo correspondiente estará presidido por Victor Antonio Alonso e integrado además por Lucrecia Rojas de Badaró y Manuel Antonio Jesús Moreira.

Los acusados son doce: Gabino Manader, Lucio Humberto Caballero, José Francisco Rodríguez, Ramón Esteban Meza, José Marín (más conocido por su alias Cabo Sotelo), Enzo Breard, Ramón Andrés Gandola , José Tadeo Luis Bettolli, Luis Alberto Patetta (también acusado en la causa por la Masacre de Margarita Belén), Oscar Alberto Galarza, Rubén Hector Roldán y Francisco Orlando Alvarez.

Debían también ser juzgados pero murieron José María Cardozo, Alberto Horacio Valussi y el ex fiscal federal Carlos Eduardo Flores Leyes. Durante el proceso judicial también fallecieron otras figuras de la represión ilegal como Carlos Alcides Thomas (el temible jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco en los ’70), Wenceslao Ceniquel (jefe de la fuerza provincial en la misma etapa), Oscar Octavio Ayala y Carlos Silva Longui.

El juzgamiento es en relación a 27 víctimas, sobre un total de centenares que pasaron por los centros clandestinos de detención y desaparición forzada de personas. Por ello se descuenta que habrá una segunda parte de la Causa Caballero, que involucrará a otros imputados. Allí estaría otro ex fiscal federal, Roberto Domingo Mazzoni.

Críticas al STJ

Ayer, los diputados Raúl Acosta (Partido de la Concertación), Carlos Martínez (Libres del Sur) y Fabricio Bolatti (Frente Grande) anunciaron la presentación de un proyecto de resolución mediante el cual lamentan la negativa del Superior Tribunal de Justicia "a colaborar con la realización del juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura cívico-militar en el Chaco".

En ese sentido deploran "la decisión tomada por los representantes del Poder Judicial, quienes habrían hecho prevalecer sus situaciones personales por sobre el acceso a la verdad y justicia de la ciudadanía chaqueña, recordando que el actual presidente, Rolando Toledo, integrara la C.A.L. durante la dictadura cívico militar y la jueza María Luisa Lucas es testigo por la defensa de los represores acusados en este proceso".

En sentido contrario, el proyecto de resolución propone felicitar a la Universidad Nacional del Nordeste por facilitar el Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería para la realización de las audiencias de debate de los juicios.

"Esta causa tiene un gran valor histórico para todos los chaqueños y chaqueñas que creen firmemente en reconstruir nuestra historia a partir de la verdad y la justicia. El juzgamiento de los delitos de lesa humanidad tiene un gran peso simbólico para la construcción de nuestra democracia. Un pueblo no puede enorgullecerse de un pasado violento, ni sentar las bases morales de sus instituciones sobre la impunidad otorgada a los actos de terror cometidos desde el aparato estatal", manifestaron.

"Este hecho nos llena de satisfacción y orgullo pero por otro nos demuestra que la historia de nuestra provincia está vigente entre nosotros como pueblo y aún golpea los intereses de un sector de los ciudadanos que no comprende el valor de estos avances. Es así que los integrantes de nuestro máximo órgano judicial, quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia para toda la ciudadanía, han demostrado con una actitud sin sentido cuál es su rol en nuestra sociedad", agregaron.

Jueces cuestionados

Los diputados dicen que "es buscando en la historia y nuestro pasado reciente que tiene significación el actuar de los miembros del Superior Tribunal de Justicia", mencionando que "dos de ellos juraron por los Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, el juez Ricardo Franco y el juez Mario Modi", en tanto que "la jueza María Luisa Lucas, quien fue legisladora provincial en 1975, afirmó que no vio gente golpeada en la ex Brigada de Investigaciones y su testimonio será presentado como defensa de los genocidas", recordaron.

"El presidente del cuerpo, Rolando Toledo, fue miembro de la Comisión de Asesoramiento Legislativo designado por el Proceso Militar, cuya función era reemplazar al Poder Legislativo, siendo en aquel momento el gobernador de la provincia el Coronel Ruiz Palacios", recordaron.