La denominada Causa Caballero tuvo ayer su primera jornada de juicio del Tribunal Oral Federal Penal de Resistencia en una audiencia que se concretó desde media mañana hasta pasado el mediodía y que será retomado hoy a las 8,30 en el salón de actos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste.

El tribunal está integrado los jueces correntinos Víctor Antonio Alonso y Lucrecia Rojas de Badaró, el misionero Antonio Jesús Moreira y como cuarto juez (el magistrado suplente que presencia las audiencias) es el formoseño Alfredo García Wenk. El juzgamiento los numerosos casos de tormentos agravados tiene como imputados, procesados y detenidos a los policías Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Esteban Meza, Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard, Francisco Álvarez, Héctor Rubén Roldán y Oscar Alberto Galarza y a los ex oficiales del Ejercito Luis Alberto Patetta y José Tadeo Luis Betolli.

Los imputados de crímenes atroces son hombres muy maduros, algunos están en plena tercera edad. Son varios los acusados de ser dueños de la vida y la muerte de muchos otros detenidos ilegales, desaparecidos y asesinados, como a quienes se fusiló la Masacre de Margarita Belén. Verlos esposados y bajar de un camión policial para ser juzgados puede inspirar sentimientos diversos pero un dato es inequívoco: llegó la hora de la justicia, donde tendrán derecho a defensa. De hecho algunos de ellos son asistidos por el defensor oficial Juan Manuel Costilla y los abogados Oscar Gómez, José Cardozo, Ricardo Ozuna y Pedro Mañanes. Un hecho paradójico. En esta causa estaba imputado el ex fiscal federal de Resistencia y recientemente fallecido Carlos Flores Leyes, pero es el único representante de la justicia mencionado en la causa.

Enfrente, la querella está conformada por el fiscal federal Jorge Auat (a cargo de Fiscal General a Cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante el Terrorismo de Estado) auxiliado por Carlos Amad, el fiscal correntino Germán Wiens Pintos y los abogados que representan a los demandantes Mario Bosch y Horacio Rodríguez. Todos ellos más algunos de los que denunciaron estos crímenes: José Valenzuela, Hugo Barúa y Gregorio Quintana, entre otros, pudieron presenciar esta primera jornada que arrancó tarde: a las 9,15 pero comprensible por ser la primera vez que un tribunal federal juzga crímenes de lesa humanidad en el Chaco, que es la cuestión de fondo.

Con un clima tenso, marcado muy fuertemente por una seguridad omnipresente, vigilante de todo lo que sucedía en el recinto de ese salón de la facultad de Ingeniería donde una docena de efectivos del Servicio Penitenciario Federal vigilaba de cerca a los detenidos (ex policías y militares), casi la misma cantidad de miembros de Gendarmería Nacional tenía la mirada puesta en las partes: la querella, la defensa, el público y la prensa, que seguía atenta la lectura de la primer parte de la causa a través de los secretarios Francisco Rondan y Mario Monti. Todo esto sumado a por lo menos seis efectivos de la Policía Federal, encargada de la custodia de los magistrados. Así arrancó la lectura del requerimiento de juicio de la Causa Caballero, que lleva ese nombre por el ex comisario Humberto Lucio Caballero y los cargos que se imputan fueron interrumpidos para ser reanudados hoy, después de las 8 y 30.

Entre los asistentes estuvieron los ministros provinciales Beatriz Bogado (Desarrollo Social) y Francisco Romero (Educación), el diputado Fabricio Bolatti y el ex legislador Daniel San Cristóbal (Frente Grande), la presidente del Instituto de Cultura Silvia Robles, los funcionarios del Ministerio de Salud Rodolfo Sobko y Jorge Miño, el delegado del INADI Nicolás Portillo y su antecesor ahora funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Darío Gómez, pero también lo hizo el subsecretario provincial, Valenzuela. Pablo Barbuto presenció la primer audiencia de la secretaría que tiene a su cargo Eduardo Luis Duhalde y Pablo Vassel por la Secretaría de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura.