Al brindar precisiones sobre sus críticas a la iniciativa anunciada por el ministro de gobierno de Bacileff Ivanoff, el legislador señaló que " es más que contundente el texto de la ley de Defensa Nacional 23.554 cuando en sus artículos 2 y 4 distingue los conceptos de seguridad interior y defensa nacional, estableciendo únicamente el empleo de las Fuerzas Armadas para el caso de agresión militar externa. Por otra parte, la ley nacional de Seguridad Interior 24.059 veda la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interior, reduciéndola a casos harto excepcionales y con los debidos recaudos, como cuando incluye la eventual declaración de estado de sitio en caso de crisis interna, previendo siempre que el elemento militar se encuentre subordinado al mando del Presidente de la Nación y al Comité de Crisis que depende de la subsecretaría del Interior y no de un intendente, ministro o gobernador de provincia como se pretende en los anuncios dados a conocer por el Ministro de gobierno provincial".

Martínez profundizó en sus críticas e indicó que " esta decisión comunicada por Verbeek tiene sorprendentes puntos de contacto con las indisimuladas intenciones de la Junta Interamericana de Defensa con sede en Washington, quién , bajo los auspicios del gobierno de Estados Unidos, pretende volver a involucrar a los sectores militares de la región en misiones de seguridad interior , al tiempo que entra en abierta contradicción con las últimas decisiones que al respecto propugnara el Consejo Suramericano de Defensa de los países que integran la UNASUR, entre ellos, la República Argentina. Por otra parte, seguramente no pasará inadvertido que este nuevo anuncio de instalación de bases militares en nuestra provincia registra como cercano en el tiempo aquel frustrado intento de Capitanich de instalar una base logística destinada a funcionar como "Centro de ayuda humanitaria", construido en cercanías del aeropuerto internacional de Resistencia con financiamiento del Comando Sur del ejército del país del norte".

El legislador de Libres del Sur-FAP manifestó también que " me pregunto hasta que punto no estaríamos ante una violación flagrante de la ley nacional 25.520 que prohíbe las actividades estatales de inteligencia por motivos políticos, sociales, religiosos ,etc. Las "misiones de seguridad interior" a cargo de las fuerzas armadas en nuestro país tienen, bajo la invocación de la Doctrina de la Seguridad Nacional de las dictaduras latinoamericanas, nefastos antecedentes. Sin controles de los instrumentos establecidos por las leyes de la democracia, lejos de las pretendidas actividades de inteligencia criminal, podemos prever la lamentable reedición de la recopilación de información producto del espionaje a sectores de la sociedad civil con fines ideológico-políticos".

Finalmente, el diputado provincial insistió en que " el gobierno del Chaco cumpla el deber de colaborar con las autoridades nacionales en la lucha contra el narcotráfico pero siempre dentro del marco del respeto a las leyes de la república y evitando el peligroso trámite de la ilegalidad en su accionar".