En manos de un Congreso manejado por el gobierno de Alvaro Uribe está la suerte -hoy- de un referendo que abre paso a una tercera elección de mandatario colombiano. La Cámara de Representantes debe debatir la iniciativa que faculta a Uribe a cambiar de nuevo el texto de la Constitución de su país para ajustarlo a su prórroga en el poder. Mientras, sectores de oposición denuncian que su gobierno destina dineros públicos para comprar los respaldos de los legisladores.
Hoy, la Cámara de Representantes está convocada para votar el texto final de la iniciativa, que tuvo que ser sometida a un tortuoso proceso de conciliación durante los últimos dos meses y que contempla la convocatoria del referendo este mismo año. Aunque analistas dan por descontado el paso del referendo en el Legislativo, su verdadera prueba de fuego estará en la Corte Constitucional ente encargado de avalar que la iniciativa se ajuste a la ley. Uribe sostiene una dura pelea con las cortes judiciales de su país.
Los opositores partido Liberal y Polo Democrático (izquierda) han denunciado el otorgamiento de dádivas a los congresistas -como mayores presupuestos para sus regiones y otorgamiento de puestos- a cambio de obtener su voto, en tanto que las autoridades electorales han advertido que el procedimiento seguido para convocar el referendo viola la ley. Según la denuncia, el gobierno ha destinado unos 110 millones de dólares "para la compra de votos".

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