Acostumbrados a valerse por sí mismos cuando la guerra llega hasta las puertas de sus ranchos, los habitantes del municipio colombiano de Samaniego, en el montañoso departamento de Nariño, en el oeste del país, han vuelto a quedar aislados del resto del mundo.

En esa región viven unas 800 familias, que todavía no habían huido de la violencia para unirse a los casi dos millones de desplazados internos colombianos. Pero desde hace una semana nadie puede entrar ni salir de Samaniego debido a que un grupo armado colocó minas antipersonales en la única carretera que conduce a la localidad.

El municipio rural, en el que se cocina con leña y la electricidad proviene de motores de gasolina, es campo de acción de frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de bandas narcotraficantes como Los Rastrojos y Águilas Negras, formadas por ex paramilitares.

La ONG Campaña Colombiana contra las Minas (CCCM) denunció la situación son precisar cuál de esos actores instaló las minas. "Según información de la comunidad, han puesto minas antipersonales en lugares estratégicos de la carretera impidiendo el tránsito y poniendo en alto riesgo a los moradores", indicó la CCCM.

La vida en caminos de montaña y chacras sembradas con minas antipersona es una realidad para la población. El conflicto interno colombiano llegó a la zona en diciembre de 2006, cuando se registraron los primeros combates entre el ELN y las FARC, en coincidencia con la aparición de cultivos ilegales de coca fuera del casco urbano de Samaniego, una localidad ubicada a 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

A inicios de 2007, el gobierno del presidente Álvaro Uribe tomó nota de la situación y envió militares para restaurar la presencia del Estado. Pero el ELN respondió minando la región, sobre todo la única carretera de acceso a unas 14 comunidades de montaña.

Ejército y guerrilla impusieron controles a cualquier movimiento de la gente, que debía viajar hasta municipios cercanos para proveerse de alimentos y de gasolina. Este combustible también es empleado como precursor en la fabricación de cocaína.

Como consecuencia del minado, desde entonces entre 25 y 30 personas resultan mutiladas cada año al pisar explosivos enterrados. A comienzos de 2009 la población decidió organizarse y pidió de frente a los insurgentes que les informen sobre la ubicación de los campos minados.

En un conflicto que no admite posiciones medias ni espacios neutrales, la guerrilla accedió a esos reclamos, a condición de que el desminado de la carretera principal no trajera de nuevo la presencia militar.

Sin embargo, en marzo del año pasado el gobierno puso en marcha su plan contrainsurgencia Salto Estratégico, que prevé el envío de tropas a lugares remotos como paso previo a la contrucción de escuelas y a la dotación de servicios básicos en las comunidades que no los tengan.

La reacción de los grupos armados ha vuelto a dejar los vecinos de Samaniego atrapados en el conflicto. La CCCM reclamó ayer una mesa de diálogo sobre el problema de las minas antipersonales en el departamento de Nariño "para garantizar protección a la población y atención integral a las víctimas".

Nueve años para "el carcelero"

El juicio por el secuestro del niño que la ex rehén de las FARC Clara Rojas tuvo durante su cautiverio terminó ayer con la condena de nueve años y nueve meses de prisión contra el rebelde Elí Mejía Mendoza, alias "Martín Sombra". Considerado el "carcelero" de la guerrilla, Mejía era responsable de rehenes políticos como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y de su compañera de fórmula, Rojas, que fueron liberadas en 2008. El reo fue declarado responsable del delito de secuestro simple agravado, informó la Fiscalía General de Villavicencio.