A través de una nota enviada al propio Juez, la titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Bahía Blanca, Susana La Riva, refuta los argumentos esgrimidos por Ares para fundamentar su renuncia.

"Extraña que invoque como motivo de la renuncia que el colegio no asuma una postura clara y firme, propendiendo a la excelencia que beneficie a la sociedad en el nombramiento de los magistrados, porque este colegio no cuenta con una participación directa en el Consejo de la Magistratura".

A continuación transcribimos la nota que le fue enviada al Juez en lo correccional, José Luis Ares.

Bahía Blanca, 23 de febrero de 2011.

Sr. Dr. José Luis Ares

SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial del Departamento Judicial Bahía Blanca, a fin de poner en su conocimiento el tratamiento dado por el consejo directivo en reunión llevada a cabo en el día de la fecha con mi presencia y la asistencia de los doctores Juan Pablo Fernandez, Diego Torres, Claudia Fortunatti, Gustavo Barbieri, Guillermo Mércuri, Darío Graziabile; Norberto Arévalo y Christian Yésari, a la renuncia que presentara como integrante de este colegio y lo resuelto por unanimidad.

Los términos vertidos como fundamento de su renuncia y el que haya decidido darlos a conocer públicamente, amerita se dé respuesta a las críticas ensayadas y se ponga a disposición de los medios periodísticos a través de los que se la difundió.

En primer lugar no puede dejar de verse con asombro que se invoque, como fundamento de su renuncia, el no sentirse representado por la actual dirigencia y que con anterioridad su apoyo haya sido crítico, toda vez que fue miembro del Consejo Directivo, hasta hace dos años, conformó la lista opositora a la actual dirigencia, la que dió lugar a una representación formada con su grupo electoral en minoría, funcionando y decidiendo, por unanimidad, la totalidad de las cuestiones postuladas. A su vez, en las escasas oportunidades en que se acercó al consejo haciéndonos conocer sus opiniones, fuimos receptivos a sus intereses y en igual modo cuando solicitó el apoyo económico del colegio.

Coincidimos plenamente en que es rol esencial de este organismo la defensa de la independencia judicial y de los derechos fundamentales que consagran las normas constitucionales, y así lo hicimos público en las oportunidades en que en el ámbito local se entendió existían injerencias políticas indebidas. No así en respuesta a las críticas de los ciudadanos o de los formadores de opinión, respecto a la actuación de los funcionarios o magistrados, a las que necesariamente nos encontramos expuestos.

Resulta asimismo inadecuado considerar que el silencio frente a ello tenga su origen en la conformación de este consejo con miembros del ministerio público, ya que no sólo historicamente lo han integrado, sino que en todas las oportunidades en que usted se ha postulado para ocupar cargos lo ha hecho conjuntamente con varios de sus miembros. Menos aún entender que el desempeño de la vice presidencia por un miembro del ministerio público desnaturalice la institución, toda vez que conforme a la constitución son parte del poder judicial, nuestro estatuto los incluye y faculta a asociarse sin oponer ningún óbice ni condición a que cualquiera de ellos ocupe los cargos directivos.

Extraña que invoque como motivo de la renuncia que el colegio no asuma una postura clara y firme, propendiendo a la excelencia que beneficie a la sociedad en el nombramiento de los magistrados. En primer lugar porque este colegio no cuenta con una participación directa en el Consejo de la Magistratura, limitándose tan sólo a anoticiar a los representantes del poder judicial en dicho organismo de cuáles son los colegiados que postulan al cargo, lo que es tratado en una reunión y se plasma en un acta, otorgándole una transparencia que nunca antes tuvo otra dirigencia, incluida la gestión de la que usted formó parte.

Como es de conocimiento público el Consejo de la Magistratura se encuentra compuesto por dieciocho miembros, de los cuales, cuatro pertenecen al Poder Ejecutivo, seis al Poder Legislativo, cuatro al Colegio de Abogados y cuatro al Poder Judicial. Conformándose estos últimos con un ministro de la Suprema Corte de Justicia, un Juez de Cámara, un Juez de Primera Instancia y un miembro del Ministerio Público.

Para integrar una terna se precisan doce votos y conformada la misma se eleva al Poder Ejecutivo, eligiendo el Gobernador a uno de ellos, a fin de someterlo al acuerdo del Senado de la Provincia quien, al presentar su conformidad, es designado para el cargo por el Gobernador. Son sólo dos de estos votos, los pertenencientes a los Jueces de Primera Instancia y Cámara, los que sostienen las postulaciones de los asociados al Colegio de Magistrados, por lo que mal puede entenderse, que la firmeza de la posición de nuestro Colegio sea determinante para la conformación de las ternas. Por otra parte todos los ciudadanos cuentan con la posibilidad de impugnar a los candidatos, derecho que no conocemos que usted haya ejercido respecto de ninguna postulación.

Más allá de compartir que es perfectible el método de selección de los miembros del Poder Judicial, no puede perderse de vista que el rol de la participación del sector politico –respecto de la que es tan crítico-, responde a la representación indirecta de los ciudadanos que éstos ostentan. Más allá de las opiniones personales, sobre quién es el mejor candidato en cada caso, es el sistema constitucional por el que han llegado a ocupar los cargos todos los miembros del Poder Judicial, en el cual no puede dejar de incluirse.

En lo relativo a su disconformidad con la conducción del Colegio de Provincia, como bien usted sabe, han sido muchos los casos que este Colegio Departamental no ha compartido las posturas del mismo, no obstante lo cual, no puede recriminarse a esta conducción no haberlas defendido con ímpetu. Independientemente que las mismas hayan sido receptadas, es fundamental en estos ámbitos el respeto por la diversidad de opiniones y el acatamiento de las decisiones de la mayoría.

Para concluir entonces, en la medida que la pertenencia a esta institución es voluntaria, nada puede oponer este Colegio a la decisión adoptada, más alla de creer que las discrepancias a la dirigencia de una institución, deben debatirse en su seno, o bien de modo democrático, a través de los actos eleccionarios, contando para ello, a instancias de esta dirigencia, con la posibilidad de la presentación de listas, voto secreto y participación de la minoría; y es por lo expuesto que rechazamos firmemente, que como Juez y como miembro de este Colegio, exteriorice públicamente, en la forma en que lo hizo, mezclando en las razones de su renuncia descontentos con el Colegio, con el Poder Judicial y con el sistema político, en la medida que a través de ese modo provocó poner en tela de juicio la idoneidad y honestidad de quienes actualmente conforman el poder judicial y también de aquellos que en el futuro lo integren.

Todo ello sin hacerse cargo de haber conformado la conducción de este Colegio, que historicamente ha obrado siempre con igual prudencia, y accedido a la función de juez de la misma forma que hoy utiliza para desprestigiar al conjunto de sus pares.

Sin otro particular saluda a Ud. atentamente.

FDO.SUSANA A. GONZALEZ LA RIVA ARISTEGUI, PRESIDENTE.