El pasado 15 de enero, el presidente del Concejo Municipal, Ramón Chiocconi, se reunió con referentes de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), ante la preocupación de los trabajadores por los altos índices de desocupación en el sector.

Los obreros plantearon -en ese momento- que las demoras se debían a los burocráticos trámites para el inicio de obras, pero Chiocconi deslindó responsabilidades asegurando que “también hay una responsabilidad importante de los profesionales que presentan las obras, quienes no responden con celeridad a las observaciones que imparte el municipio”.

Según fuentes del Centro Cívico, la Municipalidad fue intimada por el Colegio de Arquitectos para que en un plazo de 48 horas “ratifique o rectifique” las declaraciones efectuadas por considerarlas “falsas”, además de anunciar el posible inicio de acciones legales.

En dicho documento, se destacó que desde marzo del 2013 se encuentra promulgada y en vigencia la ordenanza -de autoría de los concejales del FpV- que introduce cambios en el Código de Edificación y agilizaría el proceso administrativo para el inicio de obras particulares en Bariloche.

Según los arquitectos, la reglamentación de la normativa debió realizarse en los 30 días posteriores a su promulgación, cuestión que aún se encontraría pendiente. “Ello demuestra a simple vista que las demoras en la tramitación de expedientes de obras son exclusiva responsabilidad de ese municipio, y debe ser asumida por las autoridades de la misma”, detallan en la Carta Documento.

En este contexto, además se intimó legalmente al municipio a que en un plazo de 5 días se dicte la reglamentación correspondiente, o bien que se proceda a la aplicación de la ordenanza “bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales del caso”.

La ordenanza 2380 establece la actualización del Código de Edificación a 34 años de su sanción, por lo que se procedería a crear un "sistema de registro con verificación y forma de tramitar, proyectar y ejecutar las obras", a través del que se garantizaría “la reducción de plazos y la incorporación de tecnología digital, lo cual permitirá liberar al personal para otras tareas”.

Asimismo, durante la aprobación de la norma, se asumió el compromiso de crear una Comisión Interinstitucional de Gestión (CIG), que tendría la función de "monitorear la aplicación del reglamento" y estudiar eventuales cambios en la norma. La integrarían la secretaría de Desarrollo Estratégico y los colegios profesionales de arquitectos y de ingenieros.