En primera instancia, recordaron que la causa fue promovida por el juez Gustavo Salvatori Reviriego. Allí el magistrado señalaba que Salas, como contribuyente Monotributista, había percibido dinero del Banco de La Pampa en un monto superior al límite de la categoría, por lo que por ese pago debía tributar el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias.

El Dr. Salas sostuvo en su defensa que tal pretensión no resultaba procedente, porque el monotributista no se encuentra obligado al pago de esos impuestos, sino a recategorizarse inmediatamente, lo que había cumplido en tiempo y en forma.

En el comunicado, también indicaron que luego de dictarse en primera instancia la falta de mérito a favor del Dr. Salas, la resolución fue anulada por la Cámara Federal. Vuelta a la instancia inferior, el mismo juez decretó el auto de procesamiento, que ha sido apelado ante al órgano superior.

Más adelante, hicieron hincapié en que Salvatori Reviriego y su abogado nunca antes habían realizado una similar contra ninguna otra persona.

Y agregaron: “las denuncias penales contra abogados por presuntos incumplimientos en materia tributaria no forman parte de los deberes funcionales de los magistrados, cuando son hechos ajenos a los expedientes en que deben juzgar, sin perjuicio de que, como cualquier particular, tengan el derecho de hacerlo”.

“Ello permite inferir que tal acusación constituye una represalia, por haber firmado el Dr. Salas un pedido de enjuiciamiento contra el Dr. Salvatori Reviriego por graves irregularidades en su desempeño como juez”, enfatizaron.

Finalmente, opinaron que “resulta reprochable la utilización de una alta investidura judicial, así como de los mecanismos de la justicia y las normas que regulan la recaudación tributaria, como medio de desquite o de coerción respecto de quien se considera un adversario personal”.