El escándalo que complicó a lo largo del 2014 al intendente Pablo Bruera y un grupo de funcionarios municipales vuelve a ser noticia por el revés que le dio la Sala II del Tribunal de Casación Penal a la presentación realizada por uno de los más comprometidos en la denuncia, el secretario de Gestión Pública, Enrique Sette.

La decisión en contra del funcionario bruerista, firmada por los jueces Fernando Luis María Mancini y Martín Manuel Ordoqui, fue por la nula capacidad de demostrar el planteo hecho, en el cual buscaba anular las escuchas telefónicas que demuestran cómo funcionaba la organización delictiva dentro del municipio platense, abocada a pedir coimas para habilitar terrenos.

Según el fallo de Casación, la presentación de Sette no podrá prosperar porque “no resultan aptas para demostrar que la decisión controvertida en esta instancia casatoria importe la afectación constitucional que se pregona”. A su vez, agrega que el impugnante (Sette) no “demuestra suficientemente el carácter federal de los agravios que pretende someter a conocimiento y decisión” del Tribunal.

Concretamente, el funcionario municipal había reclamado la “nulidad de las intervenciones telefónicas” y de “todo lo actuado en su consecuencia” que lo involucraban en la causa judicial que elevó el Fiscal de Delitos Complejos, Jorge Paolini, al Juez N° 3 Pablo Raelle a mediados del mes de julio del año pasado.

Según reza el fallo difundido por el sitio LetraP, luego de la presentación, los magistrados que estudiaron la misma decidieron oponerse el planteo por carecer la “demostración de la relación directa e inmediata” entre lo denunciado y la garantía que se dice afectada

Vale recordar que de acuerdo a lo investigado por el fiscal Paolini, el funcionario Enrique Sette sería la pieza clave de la negociación ilegal por la cual -de acuerdo a lo actuado- pedían coimas a vecinos que buscaban adherir a la ordenanza de rezonificación de tierras.

“El rol (de Sette) en la asociación consiste en dar trámite favorable a los pedidos de rezonificación por los que se cobraran o se efectuaban promesas de pago de coimas, posibilitando de tal modo la posterior firma del decreto por parte del intendente (Pablo Bruera)”, explica Paolini en sus actuaciones.

policia_sette.JPGSegún detalló en la causa judicial que involucra en la negociación a Mariano Bruera, el hermano del Jefe Comunal platense, la información recabada “da cuenta de modo indubitable de la necesaria participación del secretario de Gestión Pública en cada uno de los expedientes por los cuales se solicita la coima”.

La causa penal involucra a su vez al director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; el -renunciado- director de Planeamiento, Roberto Moreno; y los empleados Raúl Edgardo Moratti y Cristian Ybarra.

Así mismo, el actual Secretario General del municipio y mano derecha de Raúl Kraiselburd (dueño de El Día), Jorge Campanaro, también se encuentra vinculado a este accionar delictivo, ya que fue considerado como un "competidor" en este tipo de negociaciones por parte de los imputados.

La investigación se inició luego de la presentación realizada por el particular damnificado, Guillermo Andreau, quien denunció haber sido víctima de un entramado de corrupción que opera en el municipio platense con quienes buscan rezonificar terrenos para su posterior comercialización a través del PRO.CRE.AR.

Andreau sostuvo que por medio de Moratti se le solicitó el pago de una coima de 216 mil dólares para avanzar con su pedido de rezonificación sobre dos lotes de su propiedad ubicados en calle 52 y 161 de La Plata.