Cofré pide se apruebe a la brevedad la ley que crea el “Censo y Registro Provincial de ex presos políticos”

La subsecretaria de Derechos Humanos, Gladis Cofré, requirió al parlamento que “se apruebe lo antes posible” la ley por la cual se crea el “Censo y Registro Provincial de ex presos políticos”, en el ámbito del "Archivo Provincial de la Memoria". Afirmó a la agencia APP que “este trabajo lo venimos realizado pero sería muy importante” que se canalice a través de una ley.
En el marco de este tema, anunció Cofré que “el 19 de mayo vamos a recibir en La Casona de la Memoria Eduardo ‘Bachi’ Chironi a Roberto Regalado, director nacional del Registro Nacional de ex Detenidos Políticos; una actividad más que importante y nos gustaría en ese momento tener la ley en manos”,

Informó que “la Asociación de Ex Presos Políticos nos ha presentado una nota hace pocos días para ver en qué estado estaba a la ley, con lo cual se la hemos enviado a sus autores”.

Al consultársele si esta ley sirve para que el Estado pueda instrumentar reparaciones o indemnizaciones a las víctimas por los años de cárcel dijo a la agencia APP que “sí, hay otra ley que está en la Cámara de Diputados que aborda el tema de las reparaciones; este registro, que también nos pide la Nación, sirve para el momento en que se apruebe la ley”.

Se debe recordar que este registro y censo es de carácter voluntario y comprende a los ex presos políticos del período comprendido entre el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 y el 10 de septiembre de 1983, vivos o fallecidos, con residencia en la provincia de Río Negro, no menor a un año de la entrada en vigencia de la presente o al momento del fallecimiento, en su caso.

De acuerdo a la iniciativa, cuyos autores son los legisladores Daniel Sartor y Adrián Torres y que tuvo en su elaboración el aporte de la Subsecretaría, los censados son todas aquellas personas, cualquiera sea su nacionalidad, que hubieran permanecido en prisiones legales o clandestinas de cualquier tipo, incluyendo los centros clandestinos de detención, tortura o exterminio, o sometidas a justicia penal federal o provincial, o a tribunales militares, o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por razones ideológicas, políticas, sociales, gremiales o religiosas, cualquiera sea la imputación que se les hubiese formulado.

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