Las empresas de transporte urbano de pasajeros trabajan desde hace diez días con contratos vencidos, porque se niegan a firmar la prórroga de los que caducaron el 30 de junio y que fue aprobada por ordenanza hace pocas semanas.

Las empresas Tres de Mayo y Codao están en desacuerdo con los términos del acuerdo, a pesar de que les concede un suculento subsidio, en compensación por el boleto gratuito que impuso el municipio para los jubilados y para los estudiantes de todos los niveles.

La Codao -incluso- alega una grave situación económica y analiza abandonar el servicio. El gobierno muncipal evalúa alternativas para suplir esa emergencia, que afectaría al 30% de las líneas.

De acuerdo al contrato firmado en 2010 -y vencido en junio- las empresas en caso de retirarse deben dejar todo su parque rodante al municipio. Una opción es que el propio Estado se haga cargo de prestar el servicio (una municipalización de hecho) o bien implemente un esquema mixto.

Si la Codao se desliga de la concesión el municipio recibiría 25 micros y 68 empleados. La obligación salarial a atender rondaría los 750 mil pesos mensuales.

La intendente María Martini reconoció que las empresas "están ejerciendo de facto". Aun así el municipio se comprometió a pagarles esta semana la compensación establecida en la prórroga por casi 1 millón de pesos, a fin de que puedan hacer frente a los sueldos y el aguinaldo. La intendente dijo que la negativa a firmar los contratos no es obstáculo porque el subsidio está aprobado por ordenanza. Consiste en un pago equivalente al 50% del boleto mínimo por cada usuario que viajó gratis. En época escolar el aporte del municipio rondaría los 400 mil pesos mensuales.

Hace tres años, cuando fue aprobada la anterior extensión del contrato, el compromiso municipal era trabajar en un llamado a licitación. Ni aquel gobierno ni el siguiente cumplieron ese mandato.

Otra promesa repetida en ese momento fue que nunca más se permitiría que las empresas trabajen sin marco normativo. Hoy están otra vez en esa situación.

La asesora letrada del municipio, María Peralta, dijo que las dos empresas concesionarias se habían manifestado de acuerdo con la reformulación de los contratos, pero una vez aprobados por ordenanza cambiaron de parecer y decidieron no firmar.

Una de las objeciones tendría que ver con el plazo de la prórroga (18 meses) y las inversiones exigidas, especialmente en lo vinculado con la reparación e incorporación de tecnología para el expendio de boletos.

Peralta dijo que si bien los contratos están formalmente vencidos, las empresas no quedaron "en un limbo jurídico" sino que las ordenanzas 2.056 y 2.057 (las prórrogas de 2010) siguen vigentes.