Se informó que por mes, Calchaquí recaudaba con 400 mil y de ese total el 70%, esto es 280 mil pesos, lo llevaba la empresa privada que colocaba el radar y hacia las intimaciones.

En la causa que lleva adelante la Defensoría del Pueblo, en donde se concretan las distintas impugnaciones y defensas a favor de ciudadanos formoseños que han sido multados por infracciones de tránsito al haber circulado sobre la ruta nacional 11 en el ejido de la comuna santafesina de Calchaquí, se informo sobre la denuncia judicial ante el referido municipio.

Se explico que en esa zona se encuentra instalado un equipo automático de control de infracciones, mediante captación de imágenes y un gabinete con puerta de metal, de todo lo cual fue intimada la municipalidad de Calchaquí para que cesara con estos procedimientos; ya que nunca tuvo habilitación para controlar el transito en la zona de la Ruta Nacional Nº 11, coincidente con su ejido urbano, y habiendo continuado con su proceder fuera de derecho y existiendo una ausencia de autorización de la provincia de Santa Fe, se dio intervención a distintos organismos entre ellos a la Fiscalía de Estado de dicha jurisdicción.

No obstante lo cual, los ciudadanos posteriormente recibían piezas postales del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Calchaquí, bajo el título de “última oportunidad previa al juicio”, con resaltado grafico y con una intención conminatoria, para que los infractores, se hicieran cargo de las multas cuyos montos son de gran importancia.

En este contexto, en el día de ayer el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Edgardo José Bistoletti, notificó su par de Formosa, José Leonardo Gialluca, del instrumento a través del cual se impuso al fiscal en turno con competencia territorial sobre la localidad de Calchaquí, con sede en la Ciudad de Vera, a los fines que evalúe la eventual comisión de delitos de acción pública por infracciones cobradas a conductores de vehículos que circularan por la ruta Nacional Nº 11 sin que el Municipio esté autorizado para hacerlo.

Asimismo, se informo al titular de Seguridad de la Provincia , Alvaro Gaviola, de las actuaciones que ordenan la inmediata suspensión de los controles de tránsito por la municipalidad de Calchaquí y se recomendó a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que arbitre una campaña de difusión por los medios que considere pertinentes para informar y advertir a los ciudadanos que hayan recibido intimaciones de pago del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Calchaquí, sobre la falta de autorización para efectuar controles de tránsito, y la consecuente inexigibilidad de las multas con contenido pecuniario que se hayan emitido.

La Defensoria local expuso que se pudo corroborar, que el control carecía de autorización provincial, lo que lo tornaba no sólo abusivo sino ilegal. Paralelamente desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, se ofició a la Agencia de Seguridad Vial donde se confirmó que Calchaquí nunca tuvo autorización del Estado Provincial para ejercer los controles aludidos y que esto no podía ser desconocido por las autoridades de ese municipio.

Esto fundamentalmente porque desde el 2008, Calchaquí no sólo venía siendo advertida por su accionar "de hecho" sino intimada a cesar en el mismo, además aplicaba intimaciones perentorias a los supuestos infractores para el pago de las multas impuestas. Todo ello hizo que se debiera recurrir a la Justicia para que investigue si tal conducta configura un delito de acción pública, en una extensa y fundamentada resolución, que además se notificó al Fiscal de Cámaras con sede en Vera.

El Defensor del Pueblo de Formosa, coincidió plenamente con su par de Santa Fe en que, todo este proceder del Municipio de Calchaquí tiene una fuerte gravedad institucional y que la defensa de esgrimir razones de necesidad de controlar el transito y evitar accidentes y/o proteger a los vecinos de Calchaquí, todo ello puede ser efectivizado por el Estado, pero siempre dentro del marco de la ley y con la supervisión de las autoridades competentes de la Provincia de Santa Fe, por lo cual ante la obligación y necesidad de proteger a los ciudadanos afectados, esta Defensoría del Pueblo, pide a todos los ciudadanos formoseños que se vean involucrados en esta situación, concurran a la Defensoría del Pueblo, sito en Padre Patiño Nº 831, o comunicarse a los T.E 03717- 436379- 436320, a los emails depuefor@arnet.com.ar; denuncia@formosa.gov.ar, para ser correctamente asesorados y que nadie proceda al pago de estas multas labradas, fuera del marco de la legislación vigente y que son inexigibles.