Graficó que los Juzgados de Instrucción tienen la misma estructura que hace 25 años, con lo cual “están totalmente colapsados”. Dijo que “hace 9 meses que está parada en la Legislatura el trámite de renovación del tratamiento de la Ley de Mediación Civil; estamos haciendo mediación cuando la ley no está vigente”. Señaló además a la agencia APP sobre el presupuesto judicial que “tiene que ser por lo menos del 7% del presupuesto general” y no como ahora que apenas si supera el 4%.

Cámpora señaló que “dedicamos 360 pesos por año por ciudadano al servicio de justicia, uno de los más bajos del país, y entre el 85% y el 89% está dedicado a la masa salarial, con lo cual queda prácticamente un 10% para infraestructura y servicios”.

Explicó además que “hay mandatos constitucionales que hay que cumplirlos en forma imperiosa, como es el ‘doble conforme’ que exige el Pacto de San José de Costa Rica, donde ya tenemos una intimación a través de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual el Colegio de Abogados de Viedma propone la creación de una Cámara de Casación Penal”.

Expresó seguidamente a la agencia APP que “hay un mandato constitucional que habla de la jurisdicción contencioso administrativa, hay que crear una Cámara Contencioso Administrativa con un Juzgado Contencioso Administrativo en cada circunscripción, y eso tampoco se está cumpliendo”.

Dijo que se debe crear asimismo “la Justicia de Paz de Menor Cuantía, independiente de la Justicia de Paz, que para el Colegio de Abogados de Viedma tiene que ser letrada”.

Enfatizó en este sentido que “hay una cuestión dantesca si se quiere, los secretarios de los Juzgados de Paz son letrados y los jueces son legos, es decir, el secretario propone resoluciones que el juez no las puede entender”.

Denunció además a la agencia APP que los Juzgados de Instrucción tienen la misma estructura que hace 25 años, con lo cual “están totalmente colapsados”.

Señaló sobre el presupuesto judicial que “tiene que ser por lo menos del 7% del presupuesto general” y no como ahora que apenas si supera el 4%.

Ejemplificó que instrumentar el nuevo Código de Procedimiento Penal “le sale al Poder Judicial, solamente en el primer año, no menos de 130 millones de pesos”.

Indicó que a veces con los legisladores por el tema judicial “hablamos distintos idiomas”, ya que priorizan lo político cuando para mejorar el servicio de justicia hay que circunscribirse a lo técnico. (APP)