En declaraciones a 0223.com.ar, Gastón Herrera, integrante de la organización, opinó que con la instalación de las videocámaras “se está poniendo el carro adelante del caballo porque se las va a colocar pero no hay un mapa del delito en Mar del Plata en el que se indique dónde tienen que ser ubicadas”.

En ese orden, advirtió que “va a haber un derroche de recursos porque, al margen de los $ 6 millones que se pagarán por esto, hay una herramienta que permite detener la inseguridad pero va a ser mal utilizada”.

A su vez, confirmó que “nadie nos consultó” respecto de los puntos en los que se ubicarán videocámaras, tras lo cual aseguró que “sectores del oficialismo nos habían dicho que iba a estar abierta la discusión cuando se hablara de la ubicación de las cámaras, pero cuando tuvimos la posibilidad de acceder al expediente nos dimos cuenta de que eso era una total mentira porque ya están escritos los lugares en donde se pondrán las columnas que van a sostener las cámaras”.

En tal sentido, sostuvo que “acá tendría que haberse buscado a una persona idónea que, luego de analizar un mapa del delito, hiciera un diagnóstico previo para poner las cámaras donde corresponde pero al ver el pliego de licitación, se puede observar que 11 de las 65 cámaras van a estar en el microcentro”; al tiempo que calificó de “locura” el hecho de que, por ejemplo, uno de los dispositivos “sea instalado en Mario Bravo y Polonia, donde lo único que hay es una iglesia; otro esté ubicado en la puerta de la municipalidad y otra cámara en la bajada del Golf; es decir, en lugar de hacer controlar la seguridad se van a hacer controles de tránsito”.

Asimismo, Herrera aclaró que “estos errores los venimos planteando desde hace mucho tiempo e, inclusive, pedimos que se creara una Secretaría de Seguridad para que una persona pudiera desarrollar un plan y administrar los recursos, pero ahora terminan poniendo en carro adelante del caballo porque instalan las cámaras pero no se sabe dónde”.

Y aseveró: “Si es cierto que la municipalidad le confió un mapa del delito a la policía, estamos mal porque si la policía lo tuviera, no habrían ocurrido todos los hechos que sufrimos y no habría necesidad de las cámaras”.

Por último, dijo que “no comprendemos porqué después de haber demorado durante un año y medio con esto, sale a las apuradas”, aunque luego corrigió: “O en realidad sí lo sabemos, porque esto tiene que ver con un golpe mediático del Ejecutivo Municipal que, como siempre, se ha puesto la palabra seguridad de la boca para afuera y nunca se ha querido hacer cargo de algo que le compete”.

Por otra parte, tal como adelantó 0223.com.ar, el Foro Municipal de Seguridad le solicitó este jueves al Intendente y al Concejo Deliberante la nulidad de la millonaria licitación. “Nos priva de los derechos y beneficios que nos otorga el Programa Integral de Protección Ciudadana y la propia Constitución Nacional al garantizarnos nuestros derechos a la integridad física, la propiedad privada y a la vida misma, recordándose en todo momento que el objetivo del Programa Integral de Protección Ciudadana es ‘dotar de infraestructura al Municipio’ , no cumpliendo el tema que nos ocupa con dicho objetivo, pues a su finalización (dentro de tres años), nos quedaremos sin nada”, se indica en el texto.

Y se remarca: “El pliego licitatorio se encuentra plagado de vicios y contradicciones que van en desmedro de los objetivos perseguidos. De aprobarse en las condiciones planteadas, resulta económica y financieramente inadecuados para los intereses municipales y por ende para la comunidad”.

Para finalizar, se destaca que “las 65 ubicaciones de las cámaras no responden a un patrón ni a un mapeo del delito. El valor estimado de cada cámara es de $ 40.600. El Municipio pagará $ 90.769 cada cámara. El mayor costo resulta notorio”.