También sostuvo que el proceso judicial es “lento para la urgencia de la gente” y pidió al gobierno de Pulti que “recapacite” porque “indudablemente ese dinero fue malgastado o malversado”.

A 25 meses de que el municipio de General Pueyrredon adhiriera al Programa Integral de Seguridad Ciudadana, a través del cual la Nación envió a la Comuna 13, 8 millones de pesos para invertir, entre otras cosas, en la adquisición de videocámaras móviles para instalar en la vía pública; el destino de los fondos sigue siendo una incógnita e, inclusive, la Justicia investiga presuntos hechos de corrupción que involucran al gestión del intendente Pulti.

En diálogo con 0223.com.ar, el presidente del Foro Municipal de Seguridad, Miguel Gómez, afirmó que la millonaria suma se utilizó para “cosas que nada tenían que ver con la seguridad” y cuestionó que a la fecha no haya novedades respecto de los 65 dispositivos de monitoreo que la municipalidad debía adquirir luego de que el pasado 15 de octubre de 2010 el Concejo Deliberante local adjudicara la licitación a la firma Global View, en medio de una lluvia de denuncias por “sobreprecios”.

- Hace más de ocho meses el HCD autorizó al Departamento Ejecutivo a contratar 65 cámaras de seguridad pero aún no han sido instaladas. ¿Por qué?

Es cierto, ya han pasado ocho meses que y no se ha avanzado en nada, no se ha puesto una sola cámara. Entiendo, desde lo personal, que esta situación esté dada por el avance de la causa penal porque de alguna manera se sigue insistiendo con un precio que está exorbitadamente elevado. Es decir, pienso que puede haber una influencia del tema de la causa penal en el hecho de que todavía no se ejecutó esta decisión tomada hace ocho meses, de comprar por lo menos esas cámaras al precio que se planteó de más de $ 95 mil. Tal vez es una cautela por parte del gobierno municipal para no echar más leña al fuego.

- En ese caso, ¿no debería el gobierno municipal explicar que espera a que se dilucide la cuestión judicial para avanzar con las cámaras?

Me parece que hay una carencia de todo tipo y creo que tal vez sea parte de algún razonamiento del gobierno municipal pensar que las cosas no se hicieron bien desde un principio y que ahora, con los 13, 8 millones de pesos que van a venir con la segunda partida, tienen la oportunidad de hacer lo que tendrían que haber hecho y no hicieron. Lo que estamos planteando es que el dinero que llegue ahora sea exclusivamente para implementar el programa de Protección Ciudadana y no que se siga invirtiendo en otras cosas que han sido de mucho costo y poco beneficio, como el caso de Prefectura, por ejemplo.

- ¿Cree que aún está ese dinero?

Indudablemente ese dinero fue malgastado o malversado porque no se cumplió con el objeto para el cual había llegado. El municipio hace una rendición contable y los números cierran pero no cierra el objeto. Se les dio dinero para comprar harina pero lo usaron para comprar cigarrillos y golosinas.

Esos fondos debían utilizarse para la instalación de GPS en patrulleros, en la contratación de personal retirado de la policía, etcétera, pero para -como ellos dijeron, a pedido de los Foros- contratar a Prefectura. Usaron a los Foros para que el Ministro firmara una venda que les permitiera seguir despilfarrando esos fondos. Lamentablemente, llega un momento en el que uno no sabe en qué idioma hablarles porque pareciera que no entienden el sentido común del planteo que le están haciendo los Foros, que es que se cumpla integralmente con el Programa y no en forma parcial. Este gobierno tiene que recapacitar porque esto va en beneficio de todos e, inclusive, en beneficio de ellos mismos en un año electoral.

- También se cumplieron 25 meses de la firma de ese convenio y, evidentemente, el balance tampoco es positivo.

De ninguna manera. Somos la primera ciudad turística de la provincia de Buenos Aires, la segunda en importancia en la Nación después de Capital Federal y no podemos vender a Mar del Plata diciendo que, aparte de todas las bondades que tiene en servicio de hotelería, gastronomía y demás, también tiene cámaras de vigilancia en la vía pública.

Una de las mayores problemáticas que tiene Mar del Plata y es preocupación del propio Ministerio de Seguridad es el robo de autos pero acá no hay cámaras en los accesos y nunca nos vamos a enterar quién sale, quién entra y qué es lo que se lleva; cuando otros municipios de menor población y con recursos ínfimos tienen sus accesos controlados con videocámaras.

Las cámaras no resuelven la inseguridad pero sirven para prevención y también son muy importantes para la resolución de casos porque permiten que queden grabadas las pruebas. Hoy nosotros no tenemos nada y las únicas cámaras que hay son las del Canal 79.

“LA JUSTICIA ES LENTA PARA LA URGENCIA DE LA GENTE”

En otro tramo de la conversación, Miguel Gómez se refirió a las “demoras” que presenta la causa penal iniciada de oficio a mediados del año pasado por el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, por presuntas irregularidades en el destino de los casi 14 millones de pesos que envió el Gobierno Nacional al municipio de General Pueyrredon. Actualmente, la investigación -impulsada a partir de un artículo periodístico publicado por este vespertino digital- es llevada adelante por el fiscal Claudio Kishimoto.

- También la causa penal por el destino de los fondos lleva ya varios meses en curso.

Como siempre, la Justicia va a paso de tortuga. De pronto es el proceso normal que debe llevar una causa judicial, el cual desconozco, pero es lenta para la urgencia de la gente porque mientras tanto están en juego muchas vidas. Por eso tenemos que equilibrar qué hacemos en el 'mientras tanto', aunque también pienso que los tiempos se tienen que acelerar cuando está en riesgo la seguridad de las personas.

- Hace algunas semanas, el ex comisario Gustavo Salvá reflejaba que las demoras eran importantes teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de las pruebas que se habían aportado a la causa.

Las pruebas están pero convengamos también que esto tiene un matiz político y, aunque me gustaría pensar que es un poder independiente, lamentablemente creo que hay una incidencia muy fuerte de la política en la Justicia, sobre todo en esta causa y en este momento. Debe estar obrando alguna influencia política porque no puede ser que al conocimiento de tantas pruebas todavía no tengamos resultados. ¿Qué más falta demostrar? Primero, no se cumplió el objeto por el cual se había firmado ese convenio, ese compromiso y esa es la base de todo. Después, si se gastó 5 pesos más o 5 pesos menos, pasa a ser secundario. Lo principal acá es que se traicionó a la voluntad de la gente.

- En definitiva, no tiene muchas expectativas con que esto se resuelva en el corto plazo.

Trato de poner las mejores expectativas y tengo fe en que recapaciten y cumplan con la segunda parte del Programa porque no nos sirve llorar sobre la leche derramada. El dinero de la primera partida se malgastó, listo, entonces espero que la segunda partida se invierta íntegramente en el compromiso del Programa Integral de Protección Ciudadana y no en otros gastos que no tienen absolutamente nada que ver.