La auditoría interna de la Legislatura chaqueña durante la semana elevó un nuevo informe al presidente del Poder, Juan José Bergia, en el que detalla las irregularidades detectadas en la contratación y pagos de la Asociación Civil Ecoambiental producidos durante la gestión anterior presidida por Alicia Mastandrea.
Este trabajo sería el octavo informe de la auditoria transitoria que comenzó a trabajar a principios de año y que ya va por su segunda etapa de tareas de control. Sin embargo este sería uno de los informes más esperados a partir del revuelo que generó la contratación de la asociación civil, a tal punto que existen denuncias penales contra Mastandrea por parte de la federación chaqueña de organizaciones no gubernamentales, quienes hicieron referencia a que la contratación de la asociación civil se hizo al margen de las normativas vigentes.
Al igual que con los otros informes también existiría la sugerencia para que se de intervención a la Contaduría general de la Provincia, al Tribunal de Cuentas y la Administración Tributaria Provincial (ATP), asimismo trascendió que se daría intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El caso
Es preciso dar cuenta de que la asociación Ecoambiental percibió 540.000 pesos por desarrollar tareas las cuales la auditoria manifestó desde un principio no pudieron saber cuáles fueron, a tal punto que a principios del mes de mayo solicitaron que el parlamento chaqueño solicite a la legisladora acerque documentación sobre los trabajos que la polémica fundación ambientalista llevó adelante, dado que la Cámara de Diputados carece de datos.
En esa oportunidad se denunció que en manos de la Legislatura solamente se encuentran el contrato firmado con la ONG y un informe final que no sería más que una reproducción de gacetillas de prensa.
Mastandrea había dicho que “están tratando de encontrar algo con lo cual hacer pensar a la sociedad que hay algún ilícito, es una honorable consultora, están hechos y presentados los trabajos y además ha dado trabajo a muchos profesionales del Chaco, no solo en temas ambientales sino en muchos otros temas sociales”.
La denuncia penal
A fines del mes pasado, las ONG chaqueñas ampliaron la denuncia penal ante la Fiscalía Nº 2 en la que sostuvieron que el acuerdo firmado por Ecoambiental y la Cámara de Diputados del Chaco, fue realizado sin tener en cuenta los requisitos fijados por las normas vigentes para este tipo de contrataciones y por lo tanto carente de total validez. Además advirtieron que la ONG no efectuó ningún tipo de tareas.
Otras de las denuncias efectuadas daba cuenta de que “de la documentación obrante en la Cámara de Diputados se puede observar que la Asociación Ecoambiental no adjunta su estatuto como así también el acta de designación de autoridades en la cual conste la designación de quien actuó en este caso como presidente. Tampoco obran los más mínimos datos requeridos para este tipo de acto administrativo”.
En la denuncia señalan que en “el informe final presentado sólo se reflejan trabajos estadísticos elementales, sin especificaciones ni características técnicas de investigación, los cuales se pueden tomar de las páginas web oficiales”. También sostuvieron que “Mastandrea violó los límites de los montos de contratación directa establecidos por decreto 1184/05”.

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