En la primera sesión del año, la Legislatura autorizará la firma del convenio de asistencia para el pago de sueldos y la realización de obras en los municipios y comunas por un monto superior a los 1.154 millones de pesos. Además, el oficialismo aprobará la designación del reemplazante de Alberto Brito en el Máximo Tribunal.
La asamblea parlamentaria, que tendrá carácter de Especial Extraordinaria, fue citada para las 8.00 por la comisión de Labor Parlamentaria, que también incluyó en el orden del día la refinanciación de parte de la deuda que la Provincia mantiene con la Nación.
El diploma de Posse, ex secretario de Gobierno y de Derechos Humanos del gobernador José Alperovich y actual defensor del Pueblo, fue propuesto por el Gobierno para integrar el Máximo Tribunal de Justicia, en reemplazo de Alberto José Brito, quien recientemente se jubiló con el 82 por ciento móvil.
Una vez consumada su designación, el abogado de 52 años se convertirá en el tercer vocal de la Corte Suprema de Tucumán en llegar al cargo a propuesta de Alperovich en los últimos cuatro años. En 2007, Antonio Estofán, quien se venía desempeñando como Fiscal de Estado de la Provincia, desembarcó en ese Tribunal en reemplazo de Alfredo Carlos Dato, quien renunció para presentarse como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en los comicios realizados ese año.
Luego, en 2008, también a propuesta del Primer mandatario tucumano, se consumó la llegada de Claudia Sbdar a la Corte, en reemplazo de Héctor Eduardo Area Maidana, quien también renunció para verse beneficiado con el 82 por ciento móvil jubilatorio.
Por su pasado inmediato como estrecho colaborador de Alperovich, de quien, además, es amigo personal, la designación de Posse genera inquietud entre los legisladores de la oposición, quienes plantearon dudas sobre la imparcialidad con la que éste podría obrar como juez supremo.
Sin embargo, frente a la actual constitución del parlamento, con una abrumadora mayoría oficialista (43 representantes sobre un total de 49), el voto de los opositores y sus voces críticas en el recinto no pasarán del plano testimonial.
Otras coberturas en la Justicia
Además de la postulación de Posse, la Legislatura debatirá en la sesión de este martes, para su aprobación o rechazo, los pliegos de otros candidatos a integrar el Poder Judicial en el Sur de la provincia. Es el caso de los abogados Guillermo Acosta, propuesto como juez de Instrucción de la IIª Nominación; Jorge Echayde, como fiscal de Instrucción de la IIIª Nominación; y María Carolina Ballesteros, como defensora Oficial Penal de la II Nominación (los tres para los tribunales de Concepción); y Jorge Ariel Carrasco como fiscal del Centro Judicial de Monteros.
A excepción de Posse, quien fue directamente propuesto por el Gobernador para que la Cámara avale o desestime su designación en la Corte, el resto de los postulantes a magistrados debieron sortear el proceso de selección por concursos de antecedentes y oposición del Consejo Asesor de la Magistratura.
En todos los casos, los diplomas de los futuros integrantes del Poder Judicial fueron estudiados en el seno de la comisión permanente de Peticiones y Acuerdos, presidida por el alperovista José Orellana, la cual se encargó de requerir la opinión de diferentes instituciones de nuestro medio sobre los candidatos y de entrevistarlos.
"Pacto Social 2011"
También se incluirán en el temario de la primera sesión legislativa del año varios proyectos de índole financiero requeridos por el Poder Ejecutivo.
Entre esas iniciativas, se destaca el "Pacto Social" de asistencia a los municipios y comunas rurales, que garantizará el pago de haberes y la ejecución de obras públicas en esas jurisdicciones, por un monto superior a los 1.154 millones de pesos. De esa cifra, según establece el proyecto, 833 millones de pesos serán destinados a sueldos en 13 intendencias, incluida la Capital, mientras que 240 millones serán para obras en 18 municipios y los otros 80 millones se repartirán entre las 93 comunas rurales.
A cambio de esa "ayuda" provincial, los intendentes resignarán los fondos que les corresponden por coparticipación, como viene sucediendo desde hace diez años.
Los municipios que recibirán la asistencia del Gobierno para cumplir con sus obligaciones salariales son San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Concepción, Monteros, Bella Vista, Aguilares, Lules, Famaillá, Alberdi, Tafí del Valle, Yerba Buena y Alderetes. Todas esas intendencias, junto con las de Simoca, Burruyacu, Trancas, Graneros y Las Talitas, también suscribirán el convenio con la provincia para recibir los fondos para obras. En todos los casos, los convenios con el Gobierno deberán ser refrendados por los respectivos concejos deliberantes (el de la Capital, por ejemplo, ya lo hizo).
La única municipalidad que decidió no firmar el Pacto Social con la provincia, resignando la asistencia para sueldos y obras, fue la de La Cocha.
Créditos con la Nación
Por otro lado, la comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el legislador oficialista José Alberto Cúneo Vergés, dio dictamen favorable para su tratamiento en el recinto a la firma del convenio por el que la Nación accedió a la inclusión de 240 millones de pesos a los 3.321 millones de pesos de la refinanciación integral de la deuda pública provincial.
También la Cámara tratará el convenio que financia la devolución, por parte de la provincia, de los fondos que la Casa Rosada desembolsará para cumplir con el fallo del CIADI que obliga al Estado a indemnizar a la compañía Aguas del Aconquija por la rescisión anticipada, en 1996, de su contrato de explotación del servicio de agua y cloacas. Según establece el proyecto, Tucumán tendrá un plazo de 15 años para reintegrarle a la Nación los aproximadamente 170 millones de dólares que ese tribunal internacional fijó como resarcimiento a la empresa de capitales franceses.
Finalmente, otro de los puntos incluidos en el temario de la primera sesión legislativa de 2011 es el proyecto que establece la derogación la Ley 3.691, autorizando al Poder Ejecutivo a celebrar con el Colegio de Escribanos de Tucumán un nuevo convenio de asistencia técnica especializada para el Registro Inmobiliario de Tucumán.
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