ROCA (AR).- El ministro de Gobierno Diego Larreguy aseguró ayer que la policía rionegrina es auxiliar de la justicia y que por lo tanto deberá cumplir con las medidas que se soliciten desde ese organismo.

De esta manera, el funcionario provincial se refirió a la orden de desalojo emitida por el juez Rubén Norry, que obliga a las personas que mantienen la toma de tierras del barrio Villa Obrera a abandonar el predio que usurparon diciembre del año pasado.

Los propios ocupantes señalaron anoche que la medida judicial se podría concretar hoy por la mañana, según la información que manejaban al cierre de esta edición.

El ministro Larreguy explicó ayer que la policía es auxiliar de la justicia y debe cumplir con las mandas. Pero aclaró que para ello se deben tomar una serie de recaudos en caso de que se produzca cualquier hecho de violencia.

Aclaró que deben estar presentes el juez y los fiscales, además de organismos de salud y funcionarios de Minoridad, ya que en el lugar se encuentran familias con pequeños, por lo que también se los debe asistir en este tipo de casos.

Temor y vigilia

Mientras tanto ayer por la mañana, los ocupantes presentaron un recurso de reconsideración ante la fiscal Graciela Echegaray, titular de la Unidad Fiscal de Atención Primaria (UFAP) para intentar "frenar" la medida judicial.

"Buscamos encausar el diálogo y llegar a un acuerdo. Nadie quiere hechos de violencia", comentó el dirigente Martín Olivera.

Pero al no recibir respuesta la incertidumbre se instaló entre las casi 50 personas que mantienen la toma.

Es que por la tarde, comenzó a circular con fuerza la versión que indicaba que el desalojo se podría concretar esta misma mañana.

"Teniendo en cuenta los plazos procesales y la información con la que contamos, es muy factible que hoy entre las 9 y las 10 de la mañana se concrete la medida del juez", dijo uno de los vecinos consultados anoche por este diario y que pidió reserva de su identidad.

Las tierras ocupadas pertenecen al municipio de Roca y a un privado y fueron ocupadas en diciembre del año pasado por varias familias que reclamaban una solución habitacional. En la mayoría de los casos, se trata de personas que son hijos o nietos de los habitantes del barrio Villa Obrera.