Sin embargo, el propietario del establecimiento nocturno y presidente de la Cámara de Restaurantes, Bares y Afines de Playa Grande (CARBA), Pablo Villar, presentó un recurso de amparo y la Justicia de Garantías ordenó el levantamiento provisorio de la medida. Por su parte, el Subsecretario de Control, Adrián Alveolite, consideró que “lo que no hacen los jueces ordinarios es tener en cuenta los antecedentes del funcionamiento de estos establecimientos en el hecho de pensar que mañana pueden o no tener una actitud similar y eso es lo que resulta grave”.

Según informó la Subsecretaría de Control de la municipalidad el último fin de semana, en el marco de los operativos de nocturnidad que habitualmente se realizan en los distintos corredores y centros de esparcimiento, se procedió durante la madruga del domingo a la clausura del boliche denominado “Barnon” ubicado en la calle Alem 3728 por violar el factor de ocupación. En el lugar se constató la presencia de 585 personas cuando tiene una habilitación para 260, es decir, superaba la norma más de 100%, según se indicó desde el gobierno municipal en una gacetilla de prensa.

Al respecto, el titular del área, Dr. Adrián Alveolite, dijo este lunes a 0223.com.ar que a pocas horas de efectuar la clausura del local, “fuimos notificados por la Justicia de que el titular del bar había presentado un recurso de amparo ante el Juzgado de Garantías en turno y éste ordenó provisoriamente el levantamiento de la clausura oportunamente dispuesta hasta el martes, fecha en la cual comienzan a funcionar en forma habitual los órganos judiciales de competencia natural, que son los Juzgados Municipales de Faltas”.

“De esta manera, el acta de clausura también llegará al Juzgado de Faltas municipal, que va a tener que resolver sobre la medida dispuesta”, explicó.

En ese contexto, el Subsecretario de Control consideró que la “Justicia ordinaria debería consultarnos sobre los antecedentes que registran estos establecimientos y, en su caso, se verifique la reincidencia o el comportamiento ajustado a las normas” y argumentó: “Si se trata de un establecimiento que ha violado sistemáticamente determinadas normas de funcionamiento, eso invitaría a pensar que habría que tomar otro tipo de medida y no disponer rápidamente el levantamiento de la clausura”.

“Sin conocer formalmente qué es lo que piensa la Justicia ordinaria, hago la siguiente interpretación: al momento de determinar la cautelar, evalúa si la peligrosidad motivo de la clausura está vigente o no. Naturalmente, la peligrosidad no está vigente en el sentido de que en el interior del local no están más las personas que estaban, entonces, al haber cesado la peligrosidad, hoy no habría impedimento para que el lugar vuelva a funcionar”, razonó, a la vez que aseveró: “Ahora, lo que no hacen los jueces ordinarios es tener en cuenta los antecedentes del funcionamiento de estos establecimientos en el hecho de pensar que mañana pueden o no tener una actitud similar y eso es lo que resulta grave”.

“Si se tratara de un establecimiento que no registra antecedentes, pueden pensar que nos equivocamos o cesó la peligrosidad y mañana va a funcionar adaptando su habilitación a los rubros que tiene para poder funcionar, pero el caso es que acá habitualmente no ajustan su funcionamiento a la habilitación que tienen concedido y ahí radica nuevamente la peligrosidad de imponer rápidamente el levantamiento de estas clausuras”, finalizó.