Un aviso clasificado publicado en DIARIO DE CUYO llamó la atención de las autoridades del IPV, que terminaron denunciando ante la Justicia para que investigue el presunto intento de venta de una transferencia en Chimbas, lo que es ilegal ya que el adjudicatario de una vivienda que provee el Estado a través del organismo sólo puede deshacerse de ella una vez que la cancele, según las normas vigentes. Este no era el caso. Según el clasificado denunciado, publicado el 1 de noviembre pasado, se ofrecía en venta "transferencia, $34.000. Chimbas. Casa disponible para habitar, cuota IPV", y daba un teléfono celular para el contacto. Este diario habló a ese número y respondió un hombre que dijo no tener nada para vender y repreguntado aseguró que el número publicado "se habrá puesto mal".

Quien hizo la denuncia a principios de este mes fue el interventor del IPV, Vicente Marrelli. Pidió que se investigue el hecho en la Justicia Penal, en la sección defraudaciones y estafas, sin dar nombres, ya que la causa fue caratulada "contra personas a determinar". El caso trascendió recién ayer y el funcionario no atendió los llamados de este diario para dar detalles de la presentación.

No es la primera vez que la Justicia interviene en problemas con las casas en la gestión giojista, durante la cual se reactivó la construcción habitacional en la provincia. El caso más resonante estalló en abril último, por el cual el 10 de junio el juez Atenágoras Vega procesó con prisión preventiva a 5 sospechosos de un fraude millonario con casas del IPV en perjuicio de unas 200 familias. Los implicados estaban ligados al Movimiento Agropecuario Provincial, al cual cada familia entregó entre 7.000 y 20.000 pesos entre marzo de 2009 y abril de este año, para obtener una casa "con cuña". Si bien en este caso se mencionó alguna complicidad dentro del IPV, no se comprobó nada y el organismo no tuvo intervención en la causa que quedó entre privados. Sólo se expresó entonces José Luis Gioja, pidiéndole a la gente que no confíe en este tipo de maniobras y subrayó que para las casas del IPV no existen intermediarios.

Otro caso reciente fue el del ex futbolista de Unión de Villa Krause, Jorge Cortijo, quien el 7 de junio fue detenido por orden de la jueza María Inés Rosselot, quien lo investiga por 101 personas que aseguraron haberle entregado 5.000 pesos per cápita para que les consiguiera una vivienda. El último caso se conoció en agosto, con dos denuncias contra un hombre identificado como Juan Morales, quien habría cobrado unos 5.000 pesos por cada damnificado prometiendo viviendas de un barrio entregado en Pocito. También hubo polémicas políticas