Mucho se dice en nuestro país, sobre todo en coyunturas críticas, sobre la necesidad de sostener políticas de Estado, y de planificar el largo plazo. Mucho se dice, y poco se hace, por cierto. El problema, además de nuestra propia afección a bajos niveles de concreción, es que frecuentemente, cuando se menciona la necesidad de políticas de Estado, se omite quizá la más importante de la historia: el Estado.

En efecto, las políticas de Estado requieren, como primera condición ineludible, de consensos políticos de largo plazo. Requieren que los principales actores políticos y sociales se pongan de acuerdo en ciertos objetivos comunes de fondo que no sean afectados por las disputas electorales o por los cambios de Gobierno. Pero esto es sólo una condición necesaria. Aun si ocurriera este "acontecimiento", necesitaremos un Estado capaz de llevar adelante, de implementar eficientemente, estas decisiones. Una administración que permita que estos eventuales acuerdos no sean sólo expresiones de deseos.

En nuestra ciudad de Córdoba, no tenemos ni una cosa ni la otra. Y en tan preocupante contexto, la inestabilidad que ha caracterizado al gabinete del actual Ejecutivo municipal no es más que uno de los síntomas de una grave crisis estructural del Estado municipal. Los principales actores políticos locales están lejos de evidenciar su capacidad, y mucho menos su intención, de ponerse de acuerdo en ciertos objetivos de largo plazo, en una visión de ciudad. Ejemplos abundan del nivel de las discusiones en este sentido, con sólo pensar en las discusiones públicas entre el actual intendente y su antecesor.

Pero además, la práctica política, el enfrentamiento, y la utilización del Estado municipal como fuente de recursos para la construcción de un aparato político no han hecho sino dinamitar la capacidad de gestión de la administración local. Todos sabemos bien, la tremenda carga que supone la masa salarial de la planta municipal sobre el presupuesto. Y no es sólo un problema de cantidad, es también un problema de profesionalización. Un Estado municipal que se resiste a organizar un sistema de carrera pública profesional y meritocrática, con ingreso por concursos claros y transparentes, difícilmente pueda ser capaz de llevar adelante políticas efectivas. Peor aún si las resistencias se abroquelan en un sindicato que no sabe sino reclamar más y más privilegios bajo la amenaza (tangible) de hacer colapsar los servicios básicos urbanos (y de destruir el Palacio 6 de Julio…).

La inestabilidad del gabinete municipal no sería grave si hubiera un equipo de Gobierno políticamente cohesionado, con un proyecto de ciudad claro y consensuado, y gobernando un aparato administrativo efectivo y profesional. En ese caso, las políticas y las orientaciones estratégicas de largo plazo podrían sobrevivir a los cambios de funcionarios de turno. Como ocurre, de hecho, en muchísimos Estados. Claro que no es el caso de nuestra Córdoba de estos días.