Para principios de agosto las comisarías de la ciudad de Santa Fe dejarán de hacer los trámites no penales y pasarán a la órbita municipal. En ese sentido, hoy se firmará un acuerdo entre la gestión del intendente José Corral y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Lewis. El objetivo de la iniciativa es que la policía deje de hacer trabajo de escritorio y se sume al patrullaje y a los temas que son sólo inherentes a la seguridad.

Los trámites en cuestión son los certificados de domicilio y de supervivencia, que sólo podrían realizarse en los Centros de Distrito que tiene la ciudad. El subsecretario de Justicia de la provincia, Gustavo Zignago, indicó a Diario UNO que “hoy existen más de 110 convenios firmados para traspasar los trámites que hacía la policía a los municipios y comunas. Volcar más policías a la calle y que abandonen tareas burocráticas es una necesidad y esta medida apunta a ello”, expresó.

Además, dijo que el hecho de descentralizar ese tipo de tareas en los gobiernos locales también constituye “una herramienta” importante para esas gestiones frente a sus vecinos. “Estos convenios son posibles gracias al marco legal que dio la ley de emergencia en seguridad, pero también a la política de descentralización del Estado que lleva adelante la provincia desde hace más de cinco años”, añadió el funcionario de Justicia.

El traspaso administrativo para que municipios y comunas se encarguen de la confección de certificados de domicilio y de supervivencia no es compulsivo. Primero, cada administración tendrá que firmar el respectivo convenio con la provincia y, después, habrá un plazo para adecuar lugares y protocolos de trabajo con el fin de no resentir el correspondiente servicio.

“No caben dudas de que los gobiernos locales pueden proveer una estructura a estos fines que vendría a sumarse a la de los registros civiles y los juzgados comunitarios, encontrándose incluso esas reparticiones municipales o comunales en una posición mucho más autorizada”, argumenta el decreto Nº 0425 que en marzo firmó el gobernador Antonio Bonfatti.