Comentó que cerca de las 16:30 un grupo compuesto por unas 20 personas comenzó a instalarse en un terreno privado, ubicado al sur de la Ruta Nacional 22. Era una chacra desmontada, que pertenece a un médico.

Justo unas horas antes, Berenguer y su par a cargo del juzgado 6, Gustavo Herrera, habían dado a conocer las acciones que se estaban impulsando para prevenir nuevas ocupaciones. Hablaron de un plan, de la conformación de una especie de brigada o grupo especial dedicado al tema y aseguraron que la política iba a ser "disuadir", sin que ello descartara eventuales desalojos.

Por eso apenas se enteraron de la nueva ocupación "concurrió rápidamente personal de la comisaría Cuarta" al lugar.

Los ocupantes –en su mayoría hombres– ya habían hecho los pozos en la tierra para clavar los postes, pero ante la presencia policial se retiraron, sin resistirse. No obstante, advirtieron que irían a ocupar algún terreno en la zona de El Treinta.

No fue una amenaza o un comentario de una intención a futuro. Directamente desde allí fueron a un predio ubicado al final de la calle Domingo Savio y comenzaron a ocupar. Otra vez, la policía y la justicia se presentaron en el predio.

"Se los disuadió y quedaron en conversar con personal del municipio local para tratar de buscar una solución", informó la jueza.

Fue entonces cuando comentó que de las investigaciones que están realizando lograron establecer que hay gente que está cobrando para integrar listas de futuras usurpaciones. Están pidiendo entre 150 y 200 pesos.

"Queremos decirle a la gente que no se deje engañar, que no ponga su poca o mucha plata en esto y que trate de buscar una solución legal al problema habitacional", recomendó Berenguer.

Aún no hay ningún imputado, aunque el juzgado 4 ya tienen algunos nombres de quienes estarían organizando las listas y "marcando" los futuros lugares a usurpar. En principio estos sospechosos no coincidirían con los denunciados por el gobierno municipal como organizadores de las tomas.