En busca de asegurar la continuidad de su política digital, el Gobierno avala cada paso de su agenda tecnológica con legislación de respaldo. Con ese propósito se presentaron siete proyectos ante la Legislatura, que ya fueron sancionados y se convirtieron en Ley. Ahora hay cinco proyectos más que, de ser aprobados, expandirán el marco legal del proyecto digital del Estado puntano.

“La idea es que todo quede contemplado para que estas medidas sean posibles. El objetivo final es beneficiar a la gente en su día a día. Esta agenda digital es para todos los habitantes de San Luis. Es más, cuanto más lejos esté el ciudadano del ejido urbano, más lo tiene que beneficiar”, expresó Luciana Vera, responsable del Instituto de Firma Digital (IFD) de la Universidad de La Punta.

Los proyectos en espera de convertirse en ley son: Agenda Digital, Neutralidad en la Red, Historia Clínica Digital, Continuidad de Gestión; y Garantías de la Integridad y la Privacidad.

Con la Ley de Neutralidad en la Red, el Estado busca proteger al usuario de internet. “Puede suceder que un proveedor y el dueño de un sitio acuerden mayor velocidad de navegación en detrimento del resto. Con lo cual, el usuario siempre elegirá al que ofrezca mejor prestación. Esto va en contra de los derechos que prevé la Constitución, porque ella garantiza el ejercicio de derechos como educación, buscar información, libre opinión, entre otros, y si un proveedor hace este arreglo, menoscaba todos estos derechos”, dijo Vera.

Para la cara visible del IFD, Chile es el único país latinoamericano que cuenta con una legislación como la sanluiseña. “Tomamos como modelo a la nación trasandina para estudiar este tema. Al estudiar la legislación comparada, sabemos qué hicieron otros, si funcionó o no, y vemos cómo se puede mejorar”.

Sobre el proyecto que permitirá a los sanluiseños ser dueños de su historia clínica en formato digital, Vera mencionó que “con esta ley las historias clínicas serán de los pacientes”, y que será el paciente quien tendrá “libre disposición y potestad de su historia médica”. “Para esto deberán usar los certificados de firma digital previstos en la CIPE. Creo que esto repercutirá en una mejor calidad de la medicina”, añadió la abogada de la ULP.

Para la directiva la norma central es la que garantiza el acceso a internet como un derecho en la provincia, que fue sancionada el año pasado. “San Luis es el único Estado que tiene esta ley en Latinoamérica. Es la que posibilita hacer todo. Es la base", sostuvo y la vinculó con otra que espera su tratamiento. "El proyecto de ley de Agenda Digital institucionalizará todas las acciones que se realizaron, y se realizarán, en sus seis ejes: Infraestructura, Tecnológico, Educativo, Productivo, Marco Legal, y Gobierno. La idea es que todo se siga ejecutando sin importar quien esté al frente del Ejecutivo”, aclaró.

Leyes sancionadas

Hasta el momento son siete las leyes que fueron sancionadas por la Legislatura como parte de la agenda: Firma Digital (2007), Voto Electrónico (2009), Beneficios Fiscales para la Adquisición de Computadoras y Antenas (2008), Casillero Digital (2010), Cédula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE) (2009), Escuelas Públicas Digitales (2010); y Derecho al Acceso Gratuito a internet (2010). “Todas estas leyes son consecuencia de la agenda digital y la sostienen. A nivel país hay declaraciones de voluntad y nada más. La ley de firma digital a la que nosotros adherimos es nacional, pero no ha sido puesta en práctica en el país. Hay otras provincias que han adherido a esta ley, pero no cuentan con una infraestructura de firma digital como la provincia. San Luis es un ejemplo; todo se retroalimenta, no se podría hacer CIPE si no hubiera una ley de Firma Digital”, manifestó Vera.

Sobre la Ley de Voto Electrónico, la funcionaria señaló que necesita del consenso entre oficialismo y oposición para ser efectiva. “La idea es que el proceso sea transparente. Todos tendrán que confiar en ese sistema, el cual permitirá reducir costos y agilizar el escrutinio”, remarcó.