El pasado miércoles 13, por votación unánime, el Senado convirtió en ley el proyecto que penaliza el llamado “grooming” o “ciberhostigamiento”.

El texto incorpora al Código Penal el artículo 131, que castiga al que “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

El proyecto contó con el apoyo de todos los bloques y establece que será reprimido con prisión de entre seis meses y cuatro años de prisión, a quien a través de cualquier medio electrónico le requiera a un menor que realice actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual o le solicite imágenes de sí mismo con contenido sexual.

¿Por qué se llegó a esta instancia?

Rosa Castro, una vecina de la localidad rionegrina de Cipolletti, fue una de las impulsoras de la ley de “grooming”, tras haber vivido de cerca el ciberacoso cuando su hija de 13 años fue contactada, a través de Internet, por un hombre de 35 que se hacía pasar por un adolescente y se mostraba desnudo sin mostrar la cara.

“En junio de 2009 -recordó tras festejar la sanción de la norma- un adulto se metió en el chat de mi hija diciendo que se llamaba Juan Manuel, que tenía 14 años y que la conocía. Muy rápidamente la conversación fue subiendo de tono y él le pidió que le habilite la cámara. Este hombre le mostraba sus partes íntimas pero nunca mostraba su cara, y mi hija quería verle la cara para saber quién era, entonces él la invitó a encontrarse para tener sexo y fue cuando ella me lo contó”.

“Yo pensé que era un juego -contó Rosa- y por las dudas le aconsejé que cerrara el chat. Pero en diciembre de ese mismo año, gracias a una amiga de mi hija mayor que lo contactó sin decirle que nos conocía, el hombre le mostró su cara y ella hizo muchas capturas de la pantalla. Y cuando vi las imágenes, me di cuenta que el acosador era el hijo de mi jefe, que me había echado en septiembre sin justificación después de once años de trabajo”.

Tras una ardua lucha, Castro llevó el caso a la Justicia, en 2010 se presentó como querellante y “gracias a muchas mujeres que se movilizaron, todo Cipolletti se enteró que había un pedófilo, al cual en 2012 condenaron a una pena de un año en suspenso, porque el delito de grooming no existía en Argentina, es decir que él sigue libre porque nadie lo controla”. Luego de luchar durante años por la sanción de una ley contra el grooming, junto a padres de otras víctimas, juntando firmas para que se tratara en el Congreso, “peleamos por todos los chicos para prevenir el ciberacoso, porque creíamos que el grooming tenía que ser un delito”, expresó Castro a Télam.

“Todavía queda mucho por hacer -indicó Castro- por ejemplo falta implementar la ley”.

¿Qué sucede en Mendoza?

La División de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza está a cargo del Oficial Principal Rubén Ramonda, quien es licenciado en Seguridad Pública. Esta oficina interviene en todos los hechos en los que se ha utilizado para cometer algún tipo de delito, ya sea en primera instancia o que se una anexo al delito cometido.

Esta división se creó en el año 2004 y comenzó como una sección de otra división. Al crecer la tecnología, tuvo que crecer la oficina.

“En el año 2012 en relación al 2011 crecieron en un 20 por ciento los elementos para periciar. Este año, en lo que llevamos del 2013 llevamos en relación al año pasado un 30 por ciento de crecimiento. Es una pauta del avance tecnológico y en la población” destacó Ramonda.

Con respecto al ciberacoso, Ramonda comentó a MDZ que “en Mendoza hay varias denuncias de grooming. En el semestre pasado tuvimos 13 pericias para revisar sobre denuncias. A esta instancia llegamos una vez que la denuncia fue realizada, toma visos de seriedad y nos piden trabajar en busca de la veracidad del hecho. En tanto, en lo que va de este semestre, ya tenemos unas 15 denuncias”.

-¿Son todos hechos originados en Mendoza?

-Tenemos un problema y es que hay una gran demora de las empresas a la hora de darnos la información que requerimos. Estamos hablando de Facebook u otras redes sociales. La demora en responder es el mayor problema que tenemos.

-¿Hasta ahora que ha pasado con esas denuncias?

-Nada porque estamos esperando las respuestas de las empresas.

-Hay gente que ni siquiera sabe que este tipo de acoso se puede denunciar…

-Es notable la falta de información que hay sobre el tema pero también existe la complicación que tienen los padres cuando tienen que exponer a los niños que han sido víctimas de este delito. Se tiene que exponer en la Oficina Fiscal, hay que hacer pericias y todo esto puede generar una vergüenza en los padres. El solo hecho de tener que contar que su hijo o su hija se mostró desnudo en Internet genera rechazo y por eso muchas veces optan por no denunciar el hecho.

-Facebook o cualquier otra red social, ¿qué atención le prestan a ustedes como Policía de Mendoza?

-Hay políticas de privacidad bastante estrictas. Por ejemplo, Facebook no nos brinda la información a nosotros, sino que la brinda a través del juzgado interviniente. Ese juzgado tiene que remitirse a una oficina que hace los pedidos al exterior y esa oficina brinda el oficio que sale a California. Recién allí, Facebook analiza los pedidos y empieza a responder.

-¿Hay momentos en que existe celeridad en la información de Facebook o cualquier otra red social?

-Si, cuando está en peligro la vida de una menor o cuando no se sabe su paradero. También se expide muy rápido cuando el tema es de trata de personas. Ahí hay urgencia en la respuesta.