A partir de ayer pasaron a manos de Pdvsa unas 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 barcazas, 39 terminales y muelles, 61 lanchas de buzos, cinco diques de astilleros y 13 talleres, así como las actividades de inyección de agua y gas para incrementar la energía de los yacimientos en el lago de Maracaibo. El gobierno no informó qué capitales, nacionales y extranjeros, controlaban las empresas nacionalizadas. Según la prensa opositora venezolana, una sería la británica John Wood Group, dueña del 49,5 por ciento del paquete accionario de la empresa Servicios de Ingeniería Mantenimiento, Construcción y Operaciones (Simco).

El gobierno de Chávez comenzó hace tres años una política de recuperación de la soberanía petrolera de Venezuela, quinto exportador mundial de crudo. De forma gradual, fue nacionalizando y tomando control de las operaciones de exploración, explotación y mejoramiento del crudo. El jueves a la noche, a través de una nueva ley aprobada en apenas unas horas, el congreso venezolano incluyó a las empresas de bienes y servicios relacionadas a la industria petrolera dentro del llamado sector estratégico petrolero.

Según informó el ministro de Energía y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, esa ley no sólo habilitó la nacionalización de las empresas que operan en el lago de Maracaibo, sino también en otras regiones del país, las cuales no detalló. "Tomamos el control de más del 85 por ciento de los bienes y actividades sujetas a la nueva ley", aseguró, satisfecho, el funcionario.

Pero la alegría le duró poco a Chávez. Ayer el mandatario se mostró muy enojado con la OEA y su reciente informe sobre la situación de los derechos humanos, en el que denuncia violaciones a la libertad de expresión y religión por parte del gobierno venezolano. "Inmorales son ustedes, bien, y entonces hay que preguntarse: ¿Para qué la OEA? ¿Para que continúe el cinismo? Venezuela podría salirse de la OEA", amenazó durante una visita a un hospital en el estado costero de Vargas.