Como el gremio de los choferes (UTA) jamás mide los costos a terceros o, mejor dicho, siempre los calcula pero para maximizar el daño y los beneficios a sus afiliados, es probable que una vez más se salga con la suya y logre que el sueldo de un conductor con 15 años de antigüedad llegue a la estrafalaria suma de $ 9.188,67. Esto incluye las cargas sociales y el proporcional del aguinaldo que son, ante cualquier excusa, salario indirecto y costos para empresas que recaudan durante 12 meses pero deben pagar 13.

La Municipalidad es la responsable del servicio. Por eso, ayer salió a ofrecer una suma para casi cerrar la brecha entre lo que pretenden los choferes y lo que admiten pagar los empresarios.

En la actualidad, estos trabajadores se llevan en sus sueldos más de las tres cuartes partes de la recaudación de las dos empresas privadas. La Tamse es otro caso porque hace ya mucho tiempo que ni toda la recaudación alcanza para los sueldos.

Pero lo que se juega en esta tenida es mucho más que los ya estrafalarios sueldos de $ 9.188,67 consignados más arriba, porque es inminente un acuerdo a nivel nacional entre UTA y Fatap, que muy probablemente terminará acordando un aumento de $ 1.000.

El actual conflicto surge de la decisión de la UTA de desconocer lo firmado en el Ministerio de Trabajo el 31 de agosto de 2010 y ratificado en la misma sede el 14 de enero pasado, cuando aceptó impactar en el “sueldo conformado” los $ 300 de aumento dispuesto a nivel nacional.

Apenas 17 días después, el 3 de febrero, el gremio cambia de parecer y pide que esa suma fija se incorpore a “sueldo básico”, lo que implica más que duplicar el aumento al impactar en todas los bonificaciones.

Pero cuando llegue el pedido de incorporación al “sueldo básico” de los $ 1.000 que se acuerden en Buenos Aires, sobrevendrá un verdadero tsunami para el servicio.

En ese más que hipotético caso se podrían dar consecuencias que la teoría económica señala como paradójicas. Por ejemplo, cuando se eleva la presión fiscal a niveles no sustentables, se recauda incluso menos. Si aquel aumento de $ 1.000 queda homologado y la UTA Córdoba demanda aplicarlo al básico, se presentaría lo que podría denominarse como “paradoja de la voracidad”: la desaparición del servicio.

Es que primero los $ 300 y después esos $ 1.000 al básico terminarían dando un sueldo promedio de $ 13.130,28, cargas sociales y aguinaldo incluidos.

Una traducción no habitual pero pertinente hace muy sencillo comprender por qué el sistema no sería sustentable con estos números.

Un sueldo de $ 13.130,28 equivale a pagarle a los choferes con 6.565 cospeles, teniendo en cuenta que el cospel que llega a las empresas es de $ 2,00, al desagregarle los costos del sistema de pago, impuestos y otras deducciones.

Para pagarle el sueldo a los alrededor de 3.000 choferes que tiene el servicio harían falta, entonces, 19.695.000 cospeles, cuando el servicio, en el mejor de los casos, corta 17.000.000 al mes. A las empresas les quedaría como renta lo que reciben de subsidio nacional y municipal, aunque, claro, falta todo el resto de los insumos, mantenimiento y reposición de unidades, etcétera.