En tanto, la normativa expone como argumentos el posible perjuicio en la salud de los habitantes de la zona que se ha visto superpoblada en los últimos años.

Así, la ordenanza explica que “las medidas mitigatorias presentadas por las empresas operadoras de residuos peligrosos responsables de las emisiones de gases al ambiente, no se cumplen fehacientemente ni en forma permanente”.

Asimismo, la normativa determina además que la secretaría no emitirá certificados ambientales anuales a las empresas que así lo soliciten.