El presidente chileno Sebastián Piñera anunció ayer oficialmente el plan para financiar la reconstrucción de Chile tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero, que contempla una suba de impuestos de hasta 3% para las grandes empresas, endeudamiento público, y un alza del cánon por la explotación minera. Piñera había anunciado estas medidas en una entrevista exclusiva con este diario, la semana pasada. El gobierno estimó en su momento las pérdidas totales por el sismo en 30 mil millones de dólares.

Desde Coronel, una damnificada población de la región del Bío Bío 340 km al sur de Santiago, y acompañado por 15 de sus ministros, Piñera explicó que "el Estado tendrá que recaudar 8.431 millones de dólares en los próximos 4 años para la reconstrucción", de los cuales 3.231 millones de dólares deberían venir del paquete tributario anunciado. El alza de impuestos afectará a las grandes empresas, que pasarán a pagar de un 17 a un 20% de sus utilidades en 2011, y un 18,5% en 2012, mientras que las pequeñas y medianas empresas quedarían exentas.

Según el mandatario, esa alza en impuestos debería recaudar 1.600 millones de dólares. Por su parte, con el incremento del "royalty" minero -el canon que deben pagar las empresas que extraen minerales en el país-, esperan recaudar unos 700 millones de dólares. Además, el mandatario anunció un alza de 0,25% transitorio por dos años a un impuesto ya existente sobre los bienes raíces, que afectará al 5% de las viviendas con mayor valuación fiscal, así como un alza permanente al impuesto sobre el tabaco, que pasaría del 60 al 67% y una nueva Ley de Donaciones, de la que esperan recibir fondos.

Estas dos medidas combinadas sumarían otros 1.271 millones de dólares. Piñera también anunció que para captar recursos, el Estado recurrirá al endeudamiento público nacional e internacional, y a la venta de activos "prescindibles" del Estado, aunque no precisó cuáles son esas empresas. Paralelamente, el mandatario anunció un "uso moderado y responsable de fondos ahorrados en el exterior", especialmente del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y del fondo de la Ley Reservada del Cobre.

Las medidas, que suponen el primer incremento de la presión fiscal a los empresarios por parte del recién instalado gobierno de derecha, deberán ser estudiadas en el Congreso, donde la oposición tiene mayoría en el Senado.

La primera señal que dieron desde la Concertación (la alianza de centroizquierda que gobernó Chile en los últimos 20 años) fue positiva. "La decisión tomada por el Ejecutivo está en línea de lo que el país necesita: que los sectores de más altos ingresos hagan un mayor esfuerzo para financiar la reconstrucción", dijo Juan Carlos Latorre, presidente de la Democracia Cristiana.

Piñera dijo ayer también que los recursos que percibirá el Estado por el crecimiento económico "van a significar una fuente permanente y saludable de recursos fiscales, que estimamos en el orden de los 2.400 millones de dólares al año", que ayudará a la reconstrucción.

El anuncio del plan de financiamiento estuvo acompañado por las protestas de medio centenar de damnificados por la lentitud en la respuesta del gobierno a su situación.

Más de 2.000 personas de Concepción, Talcahuano, Chiguayante y poblaciones cercanas (centro-sur) se manifestaron esta semana en varios puntos del país en demanda de soluciones por la falta de vivienda y conectividad, protestas que se saldaron con 17 personas detenidas, según la Radio Bío Bío.

El sismo y maremoto del 27 de febrero dejaron un saldo de 486 fallecidos, 79 desaparecidos y daños al país calculados en unos 30.000 millones de dólares.