Las autoridades chilenas afirmaron que se tomarán el tiempo que sea necesario para analizar el pedido de asilo político del juez argentino Otilio Romano, el camarista federal mendocino, suspendido y procesado por 103 casos de violación de Derechos Humanos entre 1975 y 1983. Y negaron la posibilidad sugerida por políticos chilenos de negociar un “canje” entre Romano y el ex guerrillero Galvarino Apablaza, quien es requerido por la Justicia trasandina por el asesinato del senador Jaime Guzmán, pero es un refugiado político en la Argentina.

Romano aún no tiene pedido de captura, pero el titular de la fiscalía ante la Cámara Federal de Mendoza, Omar Palermo, ya solicitó que la Justicia argentina reclame a Interpol la captura internacional del camarista mendocino. Luego se pediría la extradición. Palermo, en su rol de Fiscal General y coordinador de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos, solicitó además un informe de los últimos movimientos bancarios de Romano.

Como no tenía pedido de captura, cuando el juez pidió asilo las autoridades chilenas le extendieron una visa por ocho meses, mientras analizan si aceptan o no la solicitud del magistrado. La decisión será netamente política, y uno de los responsables de tomarla es Rodrigo Ubilla, el subsecretario del Interior de la gestión de Sebastián Piñera.

El funcionario sostuvo a medios chilenos que “si un ciudadano pide refugio, el país tiene que analizar esta situación y la legislación específicamente asigna a Extranjería la misión del análisis de la situación particular. Para eso se le otorga una visa de permanencia por ocho meses, donde en ese plazo tendrá que evaluarse si corresponde o no corresponde entregar refugio”.

Sobre el intercambio con Apablaza, Ubilla fue categórico: “Cada refugio se analiza en su mérito, no puede condicionarse. No es posible, sería violar la ley y, en eso, el gobierno siempre fue categórico”.

Mañana comenzará en Chile el proceso para investigar la situación de Romano. El caso quedó en manos de la chilena Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, que es presidida por Carmen Gloria Daneri, y está conformada por dos representantes del Ministerio del Interior, dos de la Cancillería y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Mientras dure esa investigación, Romano estará amparado por el principio de no devolución a su país de origen. “Chile, como ha sido tradición, va a respetar su legislación y los convenios firmados”, explicó Ubilla.

Romano viajó a Chile el 24 de agosto, un día antes de que el Concejo de la Magistratura lo suspendiera para iniciar el trámite de destitución. Una semana después se presentó ante el servicio de refugiados de la Oficina de Extranjería de la Policía de Investigaciones y solicitó formalmente refugio, argumentando que en la Argentina sufría una persecución política.

La situación tensó las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Chile, al punto que en el vecino país se presume que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner canceló su viaje a Santiago programado para el próximo 19 de setiembre, molesta por la visa otorgada a Romano.