Mauro cuenta que empezó "a caer" a los diez años, que su mamá siempre sufrió adicción, que durante su infancia pasó más tiempo encerrado que en la escuela y que durmió en el parque San Martín o en autos abandonados. Con 17 años, hoy está en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, en Castañares, y no terminó el primer grado. Su caso es solo uno de los que explican las estadísticas que dicen que el 50 por ciento de los chicos privados de su libertad está atrasado en la escuela.

Para Mauro -nombre ficticio-, vivir en un instituto juvenil implica tener útiles por primera vez. "Mi mamá tomaba y se drogaba mucho. Se gastaba la plata y no nos compraba cuadernos ni lápices", recuerda sobre los años que pasó con sus siete hermanos en su casa.

Fernando Teruel, profesor de radio del centro de Castañares, describe que el retraso de varios años en los estudios es una realidad que se repite en la vida de muchos de los que llegan al lugar.

"Un porcentaje grande viene con deserción desde el nivel primario. Tenemos una escuela plurigrado y ofrecemos la posibilidad de hacer el secundario de manera virtual desde aquí. La particularidad es que los chicos pueden avanzar por módulos. En tres meses acá, quizás logran completar un grado", explica Teruel.

Cuando se van en libertad, los chicos deben tener un seguimiento que los ayude a continuar con el proceso de aprendizaje. Pero el paso por una unidad penal es un capítulo difícil de dejar atrás para la mayoría.

"La primera vez que estuve acá terminé el octavo, pero cuando salí no me quisieron anotar en ningún colegio. Estuve unos meses y después ... otra vez robé. De nuevo estoy acá", dice Daniel, otro de los adolescentes que pasan sus días en Castañares y compartió su historia en el marco de un taller de radio al que asistió El Tribuno.

Con 16 años, a Daniel le gustan los ejercicios de matemática y terminar de estudiar sigue entre sus objetivos. "Le prometí a mi mamá que voy a salir adelante. Quisiera ser gendarme, aunque no sé si me van a aceptar", asegura.

Quedar afuera de la escuela es un momento de quiebre en el camino que recorre la mayoría de los chicos que llegan a los institutos que deben rehabilitar a los que desconocen la ley penal.

Mauro describe que la policía "lo llevó" por primera vez a los diez años, en una época en la que andaba en la calle. Desde ese momento vivió en hogares estatales, institutos de detención y espacios públicos.

"Me fui de mi casa a los nueve. Dormía en el parque San Martín, tapado con cartones y hojas de palmera o en algún auto viejo que encontraba. Después la lleve a mi hermana conmigo. Robábamos porque no teníamos para comer. También empecé a vender droga para un transa", relata.

Las estadísticas del Ministerio de Derechos Humanos de Salta indican que el 60 por ciento de los jóvenes que estuvieron privados de la libertad no logrará salir del círculo en el que quedó encerrado y reincidirá.

Mauro dice que, cuando está alojado en un instituto, "hay cosas que son mejores", como la comida. Juan, otro de sus compañeros, no piensa lo mismo. Habla poco y repite que necesita a su familia "Yo estoy mejor en mi casa porque ahí tengo a mi mamá", lamenta.

A fines de junio, la Corte de Justicia de Salta le dio al Gobierno de Salta un plazo de un año para hacer una remodelación integral de los establecimientos que alojan a chicos que desconocen la ley penal. 

Los jueces demandaron que la Provincia presente, en 60 días, un plan concreto de obras para mejorar las condiciones edilicias, pero además cuestionaron el tratamiento que reciben los adolescentes. "No están cumpliendo con su objetivo de reinserción social", sostuvo el fallo, sobre estas instituciones.