El sueño de la casa propia se cumplió en 2006 para 70 vecinos de Chicoana. Pero a veces se parece nada más que un sueño: las familias tienen los techos y las paredes, pero el papel de la escritura que les garantice la propiedad es aún muy lejano. Un embrollo de compras parece que lo impedirá durante mucho tiempo.

Los enredos comenzaron -recordó la legisladora- cuando la Dirección de Inmuebles aprobó un plano de las cerca de cuatro hectáreas donde se debían construir 89 unidades del Plan Federal de Viviendas que absorbió una matrícula privada, que ahora reclama como propia Daniel Plaza, un pariente del intendente Raúl Romano

Natalia Ribero -una de las vecinas afectadas- viene denunciando desde hace dos años que ese plano se confeccionó con el visado de la municipalidad. Y que en su momento la Dirección de Inmuebles no se tomó la molestia de cotejarlo con el plano original.

Así , al menos siete viviendas se construyeron sobre un terreno que habría sido "usurpado" por el propio IPDUV. Diéguez y Ribero afirman que ahora Plaza se presentó en ese organismo para reclamar sus derechos sobre el terreno, donde viven desde el 2006 esas siete familias.

Ambas hicieron notar que el traspaso por el que Plaza obtuvo la propiedad del terreno se hizo con la participación de la esposa del intendente Romano, la escribana Estela María Plaza, que este año fue condenada por el delito de usura, por casos en los que hacía firmar hipotecas a particulares que no podían pagar sus créditos.

Detalle llamativo

Un detalle hace aún más llamativa el caso. El reclamo de Plaza ante el IPV por la absorción de su matrícula, estaría avalado por el propio Romano.

La legisladora le expuso el caso a la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, Adriana Krumpholz, durante una reciente reunión en la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. La funcionaria prometió entonces enviar el caso a la asesoría jurídica.

"Todo fue muy desprolijo, y tiene que ser investigado", insistió ayer Diéguez ante Nuevo Diario.

Las siete casas que quedaron en el terreno reclamado por Plaza no son, sin embargo, las únicas que quedaron en propiedades de privados. Tampoco el resto del barrio puede respirar tranquilo pensando que, al menos, los terrenos en que están levantadas sus casas pertenecen al IPV: la mitad del terreno pertenece a Eco Suelo, por operaciones que hizo el propio organismo (ver nota aparte).

Testimonio del singular proceso que tuvo la construcción de viviendas son las 17 casas que quedaron sin construir, pues sólo se levantaron 70 de las 89 incluidas en el plan federal. De las inconclusas sólo quedaron las cámaras de las cloacas y los cordones cunetas.

Ningun plano

"A todo esto, todavía ni siquiera hay un solo plano de mensura que divida los lotes de las casas. Hemos recibido una vivienda construida con materiales de cuarta categoría, pero cuatro años después no tenemos un solo papel que determine cuáles son los terrenos de cada uno", aseguró Ribero.

Ribero hizo en 2008 una denuncia policial sobre el caso. Pero no tuvo ninguna respuesta. Y asegura que nunca fue recibida por Krumpholz para poder exponerle el caso.