A través de un comunicado que lleva la firma de Lito Almirón, la organización sindical cuestionó el accionar del juez Héctor Edgardo García Redondo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 14º nominación, quien ordenó el desalojo de la vivienda hace dos semanas. La Mesa Territorial Chaco solicitó además la intervención de los organismos pertinentes para buscar una solución “a tan angustiante problema”. En ese orden, repudió y condenó “la actitud violenta, brutal y desmedida de la policía provincial, en contra de una familia de características pacíficas y humildes”. Asimismo, reprochó la actuación de la Cooperativa Solidaridad de Consumo, Crédito, Vivienda y Servicios Asistenciales Limitada: “Ha perdido el rumbo y se ha olvidado de los objetivos para los cuales fue creada, porque despojar a una familia humilde de su vivienda, cuando quien contrajo la deuda era un socio fallecido, es una vergüenza”, remarcó la organización. Así, solicitó que las autoridades pertinentes revean la personería de esa entidad Resguardos legales Luego, la CTA Chaco criticó el desempeño del juez Héctor García Redondo, a quien pidió de inmediato “resolver el problema que generó injustamente, ya sea por ignorancia o porque sus secretarios le hicieron firmar un fallo ilegal”. Recordó al respecto la vigencia de la ley 6632 que prorroga la utilidad de la ley 5525 y sus modificatorias, las cuales establecen la suspensión de todos los procesos de ejecuciones hipotecarias de viviendas únicas y de todo otro tipo de ejecución que tengan por objeto la vivienda única de uso permanente. A la vez, recuerdan la vigencia y aplicación para este caso del artículo 59 del Código Civil, que protege al menor y al incapaz. Grave problema En otro punto, la Mesa Territorial de la CTA consideró que estos hechos ponen de manifiesto el grave problema de la administración de justicia, que está al servicio de los sectores dominantes, antes que resolver conforme a derecho”. “Es necesario que todos los organismos pertinentes se movilicen en defensa de las familias que son objeto de injusticia”, subrayó la organización. Y cuestionó que el Ministerio de Desarrollo Social todavía no acercó ayuda solidaria, como tampoco ofreció asistencia técnica la Subsecretaría de Derechos Humanos ni el Instituto de Vivienda brindó una salida para resolver este problema, como tampoco la Municipalidad de Barranqueras.