La Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Rafaela (CETAR) envió hace algunos días una nota al Concejo Municipal mostrando su “preocupación” en relación a la contratación de fletes en la zona agropecuaria. Desde su punto de vista se encuentra “limitada y hasta en algunos casos, cercenada la libertad de contratación”, indicaron los transportistas.

La misiva, que lleva la firma de Ricardo Rico (Presidente) y Rubén Hullman (Secretario), sin lugar a dudas, se vincula con la situación que hace algunas semanas generara un bloqueo en la Cooperativa “Guillermo Lehmann”, en donde los camioneros pretendían que se priorice la contratación de personas de la región. Ambos entienden que se coarta la libertad de contratación como “producto de acuerdos en muchos casos promocionados por los mismos transportistas junto a los municipios y comunas, con el objeto de fomentar la realización de operaciones de transporte sólo por aquellos que habitan o son residentes de la zona o área de influencia donde esto se produce”.

“Comprendemos la intención de aquellos que tratan de mantener su trabajo y la tarifa bajo aquellos sistemas que no desatiendan la libre contratación, ya que consideramos que los cierres de la zona, como habitualmente se denomina a este sistema, no resultan el método adecuado para lograr esto, más aún si se piensa en un futuro cercano ello pueda traer consecuencias nefastas para quienes se vean beneficiados en las zonas o coto cerrados con una mayor cantidad de fletes, pero cuando salen de ellas y quisieran buscar cargas en otros lugares, se verían impedidos de operar libremente, dado que de seguir insinuándose este cierre de zonas, en otras provincias se producirían las mismas situaciones, y a modo de feudos, habrá transportistas que por ejemplo sólo podrán cargar en su pueblo o partido, pero no en otros lugares de su propia provincia y menos aún en otros distritos de nuestro país”, detallan.

En tal sentido, entienden que “la proliferación de este sistema en realidad produce o genera un beneficio supuestamente inmediato para todos aquellos que se encuentran dentro de la zona que se cierra, pero en muchos casos se ha advertido la confusión de estos mismos actores que creen que pueden cerrar su zona y seguir trabajando libremente en otras, lo cual de acuerdo a los últimos ejemplos observados y al clima que se vive en el sector con respecto al tema, ello no va a resultar así”.

“Creemos oportuno –dicen Hullman y Rico- poner en su conocimiento que la generación de estas zonas cerradas de trabajo, sólo genera rispideces y hasta enfrentamientos que sin duda van a seguir creciendo entre los mismos transportistas, es decir, entre aquellos que cierran su zona y pretenden trabajar libremente en otras, y aquellos que como corresponde a un país en democracia, defienden la libertad de trabajo”.

En tal sentido, agregan que “el cierre de zonas, en algunos casos, fue avalado por disposiciones comunales y municipales y van en contra, en forma directa de lo previsto en el Art. 14 de la Constitución Nacional como en las disposiciones contenidas en el Código de Comercio en general y en la Ley Nº 24.653 en particular”.

Finalmente y por lo expresado y más allá de la preocupación planteada, entienden que “resulta necesaria e imperativa su intervención a fin de evitar que continúen cerrándose zonas, que lleven a la postre a enfrentamientos entre transportistas que en el afán de pretender mejorar la oferta de sus viajes terminen siendo cautivos de un sistema que sólo los dejaría circunscriptos y porque no decirlo, limitados a las áreas de influencia de sus domicilios”.